No se termina de comprender la afición por mantener abierta la guerra de las banderas porque rara vez esta discrepancia ha traído un avance. Que unos vecinos apuesten por colocar la ikurriña y que otros denuncien esa acción ante los tribunales es como el juego del gato y el ratón. Ocurre lo mismo si la bandera es la española de la que muchos reniegan con convicción y no lo soportan de buen grado su presencia. La convivencia de en estas décadas debería habernos enseñado la poca utilidad de los emblemas a la hora de avanzar en el mutuo entendimiento que es lo que nos debería interesar como sociedad. Pero no. Se siguen utilizando las banderas más como separación que como elemento integrador. Acaba de ocurrir en el ayuntamiento de Estella-Lizarra que una denuncia de UPN por la presencia fugaz de una estelada ha prosperado en los tribunales penalizando al Ayuntamiento. Una pena que se esté en este tipo de batallas y no en la búsqueda de acuerdos que sumen y no resten siempre. Que la justicia entre con todo el peso de la ley en este tipo de debates habla de que no siempre es igual para todos. Y esto es algo que se ve de fuera sin falta de hurgar mucho. Hemos visto lo que ha sucedido con el Caso de Alsasua pero aquí mismo en Tierra Estella tenemos el caso de Xabier Sagardoi, vecino puntual de Sorlada detenido y condenado por pertenencia a la organización Segi. Una condena de seis años que se agota tras alcanzar su límite final transcurridos casi íntegros los seis años sin apenas permisos penitenciarios algo raro en penas de ese tipo. El concepto de justicia y el de castigo andan en ocasiones mezclados y eso no le ocurre a todo el mundo. No estaría demás que la Justicia nos explicara, en fin, por qué solo unos la padecen y otros no.
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