El Defensor de Pueblo ha conminado a tomar medidas por la inacción del Gobierno de Navarra en los ríos Ega y Urederra. Se trata en concreto de las Zonas Especiales de Conservación, donde la Asociación Salvemos el Ega/Ega Bizirik presentó una denuncia en la que se recogía que el Departamento de Desarrollo Rural, entre otras medidas, “no ha constituido el comité de pilotaje” que le obliga el decreto foral como órgano consultivo y de participación en la gestión de la conservación del espacio. “Creemos que el tiempo transcurrido es más que suficiente”, sentenció el propio Defensor del Pueblo de Navarra, quién insistió en que tampoco desde el Gobierno foral ha ofrecido contestación sobre la información requerida de los caudales de estas cuencas. Un requerimiento de obligado cumplimento, según interpreta una sentencia del Tribunal Supremo, por la que, en los cauces ligados al agua, “es imprescindible la definición de los caudales mínimos y máximos. Además de sus regímenes estacionales y su caudal regenerador necesario para que las especies acuáticas y hábitats ligados al agua alcancen su objetivo de conservación”.
Desde la Asociación Salvemos El Ega/Ega Bizirik, aseguraron que tras esta inacción del Gobierno de Navarra y de la no contestación a sus alegaciones, “nos planteamos acudir a cuantos medios legales estén a nuestro alcance”.
Con el dictamen del Defensor del Pueblo, desde la asociación Salvemos el Ega, su representante, Felipe Ajona, aseguró que a la vista de la resolución que tomó ya el Tribunal Supremo “en la que quedó clara esta responsabilidad”, es el Gobierno de Navarra el que tiene las competencias en materia de las áreas protegidas como también en determinar los caudales ecológicos. Una cuestión que podría afectar, entre otras cuestiones, a la extracción de aguas en puntos de estas cuencas por parte de Mancomunidad de Montejurra.
