Pocas cosas pueden resultar tan desagradables durante un tranquilo paseo por la ciudad como notar debajo del zapato el excremento blando de un animal.
De forma instintiva, el primer pensamiento va dirigido hacia el autor de semejante cagada, hacia el animal -por lo general canino- responsable de dejar su pringosa huella en plena calle o parque.
Pero una vez pasado el calentón inicial, cuando el sentido racional se impone al olfativo y recupera el control de la situación, las sensaciones cambian y la culpa se dirige inexorablemente hacia el dueño de la mascota que no tuvo a bien retirar las deposiciones de su animal de la vía pública como establece la normativa municipal vigente.
La inmensa mayoría de los propietarios de perros cumple con las normas cívicas y salen a pasear con sus mascotas equipados con la correspondiente bolsa y los guantes para retirar los excrementos.
Otros no y en la mayoría de los casos su comportamiento incívico no tiene consecuencias de ningún tipo, pero de vez en cuando -lo que no resulta fácil- son pillados in fraganti y multados por ello.
En lo que va de año en Pamplona se han tramitado 8 denuncias a propietarios de perros por este motivo. La multa es de 200 euros y está tipificada como infracción administrativa leve.
Es el dato que ha facilitado el Ayuntamiento de Pamplona sobre los expedientes abiertos por la Policía Municipal. Fue en una reciente Comisión de Presidencia tras una pregunta formulada por el representante de Geroa Bai Patxi Leuza al concejal delegado de Seguridad Ciudadana Javier Labairu.
Las estadísticas registran en los últimos años una tendencia a la baja en el número de denuncias tramitadas.
En 2021 hubo 11 multas, en 2020 fueron 10, en 2019 hubo 14 y en 2018 se alcanzó la cifra más alta, con 15 denuncias.
"No resulta sencillo porque exige que el agente sea testigo de la infracción para poder tramitar la denuncia" señaló el portavoz de Policía Municipal Jesús Bariáin.
Según explicó, todos los días se asigna un servicio, que entre otras labores incluye las zonas verdes o parques donde existe constancia de que se producen incumplimientos de la normativa canina.
"La información nos llega por el teléfono 010, de ciudadanos o vecinos que denuncian la presencia de excrementos en la vía pública, o por medios propios. Con esos datos los agentes, de paisano, realizan el servicio en las zonas asignadas y si ven algún incumplimiento tramitan la denuncia correspondiente" detalló Bariáin.
Tras la multa, el expediente pasa al área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad, que se encarga de su tramitación y de asignar la cuantía correspondiente.
14.000 perros en Pamplona
En Pamplona, donde según los datos que maneja el servicio municipal de Zoonosis existen unos 14.000 perros, el número denuncias se sitúa muy por debajo de los niveles de las ciudades que disponen de un sistema de detección de ADN para perros que permite localizar al autor de las deposiciones.
Medio centenar de ayuntamientos del Estado ya han modificado las ordenanzas municipales para introducir el deber de registrar el código genético de los perros que vivan en el municipio, dando un plazo para acudir al veterinario, que toma una muestra de saliva o sangre del animal.
El procedimiento es sencillo y suele contar con ayudas públicas. Los veterinarios certifican el origen de la muestra y se vincula al chip de la mascota. La muestra se envía a un laboratorio y el genotipo queda registrado en el censo municipal por si alguna.
Además de multar a quienes no recogen la caca de sus mascotas, este censo permite a estos ayuntamientos localizar a los dueños de los perros que se pierdan, sean robados o abandonados.
Dos años esperando a la nueva ordenanza y al registro de ADN
En febrero de 2020, el Ayuntamiento de Pamplona anunció que estaba trabajando en una ordenanza para la tenencia responsable de animales de compañía, que entre otras medidas incluye la implantación de un censo canino basado en perfiles genéticos de ADN.
En un nota oficial, el Ayuntamiento informó de que el concejal especial de Sostenibilidad y Sanidad, Fernando Villanueva, había celebrado una reunión para trasladar estas novedades a los grupos municipales y representantes de asociaciones protectoras de animales.
En mayo de 2020, la Comisión de Urbanismo aprobó por unanimidad una declaración para "elaborar una nueva ordenanza de tenencia de animales para su adaptación a la Ley Foral de protección de animales compañía".
Dos años después, dicha ordenanza aún no ha sido aprobada, aunque existe un borrador terminado donde se establecen multas de 300 a 600 euros por no retirar la suciedad de la vía pública.
Uno de los objetivos de la futura normativa "es la realización de un censo canino basado en perfiles genéticos de ADN, que complete y mejore la identificación de perros y redunde por tanto en su mayor protección".
En el documento elaborado por el área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad se asegura que es posible aplicar este sistema "gracias a que los avances técnicos conseguidos, que han posibilitado que los protocolos técnicos consigan una fiabilidad total y a la vez logra que los costes sean tan reducidos que hacen económicamente viable este sistema de detección".
