Las alegaciones que el responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona, Gonzalo Pérez Remondegui, elaboró para Navarra Suma contra la planta de residuos proyectada en Imárcoain son “una defensa de lo público”. El edil delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Pamplona, Juan José Echeverría, ha admitido este lunes de esta forma la denuncia de EH Bildu del pasado viernes, sustentada en un peritaje informático que probaba los trabajos de Remondegui: más de 30 horas desde su ordenador oficial del Consistorio y en horario laboral para Navarra Suma en la Mancomunidad.

Y “en absoluto” piensa en dimitir, ha añadido Echeverría sobre la petición de EH Bildu como edil que firmó después las citadas alegaciones, con el membrete de Navarra Suma, en el órgano mancomunado.

En declaraciones recogidas por la agencia Efe, Echeverría ha explicado que el director de la asesoría jurídica “asesora al Ayuntamiento en todos los temas que son del interés del Ayuntamiento” y, a su juicio, lo relativo al citado centro, en el que “ya van perdidos” 11 millones de euros, es “de gran interés para el Ayuntamiento de Pamplona y sus ciudadanos”.

Él, como concejal del Ayuntamiento y miembro de la Mancomunidad, presentó las alegaciones en “defensa de los intereses de los ciudadanos de Pamplona y de la Mancomunidad”, y remarcó que más del 60% de la población de la MCP corresponde a Pamplona y sus ciudadanos “tienen que verse representados y defendidos en cualquier instancia”.

“Quienes debieran plantearse dimitir, si tuvieran un mínimo de vergüenza torera, son el presidente de la MCP el actual y el anterior que nos han llevado a este desastre”, ha añadido respecto a la planta. Un proyecto que ha tenido el apoyo mayoritario de la Mancomunidad y cuyo contrato para su construcción se ha suspendido temporalmente tras las sentencias del TSJN que anulan la modificación del Plan Sectorial de la Ciudad del Transporte.

En la misma rueda de prensa, su compañera de grupo María Caballero ha opinado que con todo esto EH Bildu lo que busca es “desviar la atención” al estar “muy molestos” con lo que está sucediendo y no querer reconocer el “fracaso” de su “proyecto estrella” en la Mancomunidad.

Malestar en la Mancomunidad

No solo EH Bildu parecía este lunes muy molesto con el hecho de que un trabajador municipal, funcionario de la Mancomunidad en excedencia y cargo de libre designación en el Ayuntamiento, elabore informes de parte desde un puesto “sujeto al código ético del Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en especial, a los de imparcialidad, independencia y lealtad institucional”, recordó Joseba Asiron el pasado viernes.

La mayoría de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona celebrada este lunes -todos los grupos excepto Navarra Suma- se ha posicionado a favor de que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, de explicaciones en relación al uso de medios y personal municipal para redactar las alegaciones de Navarra Suma contra las decisiones de la Mancomunidad.

En concreto, los representantes de EH Bildu, PSN, los Independientes y Geroa Bai han secundado un ruego en el que trasladan al regidor pamplonés su deseo compartido de que “se analice y aclare lo denunciado de forma suficientemente satisfactoria”.

“Dada la gravedad de lo denunciado, desde el máximo respeto a la autonomía institucional de este y de cualquier Ayuntamiento en la forma que adopta sus decisiones y despliega sus procedimientos, creemos que la Mancomunidad debe mostrar a través de su Permanente su preocupación por esta situación y trasladar al alcalde Enrique Maya su deseo de que se analice y aclare lo denunciado de forma suficientemente satisfactoria”, sostiene el ruego.

Lealtad institucional

Un segundo ruego suscrito por todos los grupos políticos salvo Navarra Suma ha considerado además lo ocurrido como “muy grave”. Dado que el responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona es, a su vez, letrado funcionario de la Mancomunidad, este ruego pide “que se clarifique la situación y si su proceder ha podido suponer un menoscabo al deber que tiene de lealtad respecto a la institución en la que ahora trabaja y respecto a la institución de la que procede”.