Aniversario fin de ETA :: Grupo Noticias

El mapa de los presos de ETA se reduce de forma gradual

Pasan de 700 a 200 en diez años, pero siguen reclamando que la totalidad cumpla condena en cárceles de Euskadi

Un reportaje de Carlos C. Borra

EL acercamiento progresivo de presos de ETA a cárceles de la CAV y Nafarroa o cercanas a estas dos comunidades, que se puso en marcha en el verano del año pasado y que ha mantenido un goteo constante desde entonces, ha supuesto un “alivio”, sobre todo, para las familias de los reclusos, obligadas hasta ahora a recorrer miles de kilómetros para poder visitarles. Pero el carpetazo a la política de alejamiento está lejos de suponer una solución definitiva a la situación de los presos, uno de los principales nudos pendientes de ser desatados tras el fin de ETA hace ahora diez años. La red ciudadana Sare, uno de los altavoces más directos a la hora de expresar las inquietudes y reivindicaciones del colectivo, tiene las cuentas claras: del total de presos, un 37% cumple condena en Euskadi frente al 63% que sigue en centros penitenciarios del Estado. Reclaman por ello que se ponga fin a una “política penitenciaria de excepción” y que la normativa en este ámbito se aplique “sin privilegios, pero también sin excepciones”

La comparativa entre el mapa de los presos hace una década y el actual resulta abrumadora: se ha pasado de más de 700 presos repartidos en media docena de países a apenas 200 cumpliendo condena en cárceles vascas y españolas, con una pequeña representación en el Estado francés. Pero todavía queda un largo trecho a la hora de normalizar su situación, que junto con la reparación de las víctimas de todas las violencias son las dos claves fundamentales de cara a “caminar hacia soluciones de convivencia y reconstruir puentes en este país rotos por tanta confrontación”. Así lo asegura el exconsejero de Justicia del Gobierno vasco y portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, que añade que “lo razonable sería que, aparte de la transferencia de prisiones que se acaba de realizar a la CAV, se haga la transferencia de presos”.

Efectivamente, el traspaso de la competencia de prisiones a la CAV, que se hizo efectiva el 1 de octubre y que afecta a los rebautizados Centros Penitenciarios de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, es otro factor de peso a tener en cuenta, aunque desde el Gobierno vasco han tenido claro desde el principio que van a aplicarla sin hacer distinciones entre los presos comunes y los de ETA, en condiciones de igualdad. Pese a ello, Azkarraga dice sentirse “esperanzado” en que “cambie un poco la actitud en relación a las progresiones de grado”, toda vez que las juntas de tratamiento, encargadas de su estudio y concesión, pertenecen ahora a los tres centros citados y dependen del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Ello tampoco supondría una solución definitiva porque, recuerda, dos terceras partes de los reclusos están internos en cárceles españolas.

En conversación con este medio, el que fuera consejero de Justicia en los gobiernos de Juan José Ibarretxe entre 2001 y 2009 se explaya sobre la progresión de grados como uno de los principales problemas hoy día del colectivo. Así, denuncia que “un 50% de presos estarían en condiciones de progresar a tercer grado pero están bloqueados en segundo grado”. Azkarraga añade que “un número muy importante de presos han salido en primer grado penitenciario con 30 años cumplidos”. Esto se traduce en un cumplimiento prácticamente íntegro de la condena, lo que califica de “anomalía”.

“Lo razonable sería que, aparte de la transferencia de prisiones, se haga la transferencia de presos”

Joseba Azkarraga Portavoz de Sare

“Incluso en segundo grado también supondría un cumplimiento íntegro”, apostilla, y denuncia la “politización” de una “justicia muy ideologizada” que ejerce de “contrapoder al poder político, al Gobierno socialista”. El portavoz de Sare explica que las juntas de tratamiento van aprobando progresiones de grado, pero después la Fiscalía o el juez de vigilancia penitenciaria, que depende de la Audiencia Nacional, “las recurren constantemente”. Un ejemplo reciente se ha dado en el caso de Unai Fano, condenado a 20 años de cárcel, después de que la Sala de lo Penal de la AN revocara la decisión de Instituciones Penitenciarias de concederle el tercer grado porque no aprecia un “arrepentimiento expreso” de los delitos cometidos y del daño causado. “Llevaba ya seis meses en tercer grado en la calle, había comenzado a trabajar y estaba atendiendo a sus dos hijos pequeños”, lamenta Azkarraga.

Asegura por ello que ve con esperanza los pronunciamientos del Gobierno vasco de cara a ejercer una política penitenciaria de “carácter más humanista”, y señala que, “aunque parezca mentira, comparto con el PP que no hay que dar ningún privilegio. Nosotros planteamos que ni privilegios ni excepciones, y ahí es donde imagino que el PP no estará de acuerdo”, apostilla.

Cadena perpetua encubierta Una de las principales pruebas de la resistencia a normalizar la política penitenciaria se produjo con la enorme polémica que rodeó el acto que Sare había convocado el 18 de septiembre en Arrasate, y que algunos medios y partidos identificaron con un homenaje a Unai Parot. “Fuimos el chivo expiatorio de una actitud de la derecha que trató de desvirtuar la razón de esa convocatoria”, dice Joseba Azkarraga. Explica que con esa marcha, que desconvocaron para “evitar poner una alfombra roja a Vox y toda esa gente”, trataban de “denunciar la ley 7.2003, que se aprobó ad hoc contra los presos vascos y a través de la cual hay 15 personas que están condenadas a 40 años de prisión efectiva”. Según él, una “cadena perpetua encubierta”.

En esta línea, denuncia la “utilización política de las víctimas que se está realizando desde algunas asociaciones y partidos. Hay que trasladarles mucho respeto y sobre todo el reconocimiento del daño causado, lo que no puede ser es que sean utilizadas constantemente para arremeter contra el contrario”.

La política de acercamientos del gabinete de Pedro Sánchez, erigida en arma arrojadiza de los partidos de la oposición en el Congreso, está suponiendo un importante desgaste para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que recibió una fuerte pitada en el homenaje a la Guardia Civil celebrado el 3 de octubre en Córdoba. Pero, tal y como recuerda Azkarraga, “la propia normativa penitenciaria dice que todo preso o presa tiene derecho a cumplir su condena cerca de su lugar de residencia”. Un proceso que aún debe culminar, según la opinión de la red ciudadana a la que representa y que se fundó en 2014.

Un 95% de los presos caminan al unísono en lo que se conoció como el EPPK, media docena mantienen una postura más ortodoxa encuadrados en ATA y hay varios más que van por libre. Dentro del proceso que están siguiendo, ¿dónde quedan conceptos como el arrepentimiento y el reconocimiento del daño causado? Desde Sare recuerdan que ya reconocieron ese daño en un acto celebrado en 2014 en el antiguo matadero de Durango, pero “cada vez que se ha dado un paso en este sentido, se ha valorado muy positivamente por parte de las fuerzas políticas pero a continuación se les ha pedido otro paso y otro más”, asegura Azkarraga. “Y aquí no se pueden pedir más pasos que no estén recogidos en el Código Penal ni en la normativa penitenciaria”, zanja.