SOSTIENE el equipo de Gobierno municipal de Pamplona, en su respuesta a la petición de información por parte de los grupos de la oposición del coste de las pancartas y otros elementos publicitarios de la candidatura a Capital Cultural Europea, que pensó en colocarlos en la Plaza de Toros en los tendidos de sol el 11 de julio dado que "los dirigentes de las peñas habían sustraído las entradas a sus destinatarios". No entramos a discutir sobre la conveniencia o no del gasto de 12.000 euros en material promocional, dado que ese asunto es competencia de los grupos representados en el pleno municipal. No obstante, queremos responder a una acusación, que no por repetida en los últimos meses deja de ser absolutamente falsa.

La decisión de que los abonos de la Feria del Toro 2010 se repartieran sin la entrada del día 11 de julio no fue una decisión de la Federación de Peñas ni de los componentes de las juntas directivas de las 16 peñas que la componen. Cada una de las asambleas de las distintas sociedades aprobó esta decisión en cumplimiento de los estatutos de cada una de ellas. En las normas de estas sociedades se refleja que es la asamblea general la que toma la decisión (en la mayor parte de ellas por mayoría cualificada) en el caso de enajenamiento de patrimonio o establecimiento de cuotas extraordinarias o derramas. Los abonos de la Feria del Toro que se renuevan cada año por parte de las 16 peñas de Pamplona pertenecen, como los locales y los bienes muebles, a estas sociedades y no de forma individual a los socios, por lo que son las asambleas generales las que deciden sobre ellos y no los socios que los adquieren.

En las distintas declaraciones del equipo de Gobierno sobre la decisión de las peñas de no acudir el 11 de julio a los toros en protesta por los distintos ataques a estas sociedades se ha insistido en vestir esta medida como una imposición desde extraños intereses a los socios de las peñas. El empleo del verbo sustraer en esta última ocasión nos preocupa ya que, según el diccionario de la RAE, supone "hurtar, robar fraudulentamente".

Dado que no se nos imputa el uso de la fuerza en esta sustracción, condición marcada por el artículo 237 del Código Penal, deberemos entender que no se nos acusa de robo. Sí encajaría en una acusación de hurto, recogida en los artículos 234 a 236 de este código. Dado que el valor de las entradas de cada peña supera con creces los 400 euros marcados para que el hurto sea considerado delito, los dirigentes de las peñas nos enfrentaríamos a unas penas de entre 6 a 18 meses de prisión, en el caso de ser cierta la acusación de haber "sustraído las entradas a sus destinatarios".

Estamos dispuestos a poner a disposición de cualquier instancia interesada las actas de las distintas asambleas, los estatutos de cada una de las sociedades y los documentos que sean necesarios para demostrar que ninguno de los componentes de las juntas directivas de las 16 peñas de Pamplona ha sustraído entrada alguna a nadie.

Por la gravedad de esta acusación, solicitamos al equipo de Gobierno que la rectifique o que denuncie ante el Juzgado de Guardia el presunto hurto que hemos cometido. De no ser así, entenderíamos que se está cometiendo un delito de calumnia contra nosotros, al realizarse la acusación de la comisión de un delito, a sabiendas de que tal acusación es falsa, con el agravante de publicidad, al haber sido recogido en distintos medios de comunicación.

Juan José Sola (presidente La Única), Enrique Ducun (presidente Los de Bronce), Iñigo Etxeberria (presidente Irrintzi), Arantza Oscoz (presidenta La Jarana), Aitziber Garralda (presidenta Sanduzelai), José Guerrero (presidente El Txarko), Carmelo Arriaga (presidente Anaitasuna), Asier Nieto (presidente Armonía Txantreana), Ángel Mozaz (presidente Aldapa), María Solchaga (presidenta Oberena), Diego Itxaso (presidente San Fermín), Alberto Goñi (presidente Muthiko), Javier Lorente (presidente Alegría de Iruña), José Antonio Equisoain (presidente El Bullicio), Iosu Izquierdo (presidente Donibane) y Patxi Arrizabalaga (presidente Rotxapea)