La Ley de Memoria Democrática ha superado ya, con el cínico y cobarde voto en contra de nuevo de PP y UPN y ahora también de Vox, lo que aclara aún más la miseria de sus argumentos, el último trámite para su aprobación en el Senado. Es una buena noticia. Pero solo a medias. Salda en buena medida la deuda histórica del olvido impuesto a las víctimas del genocidio franquista y a las víctimas de la represión y violaciones de los derechos humanos que la dictadura protagonizó durante 40 años. Declara ilegal el régimen de Franco, los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus condenas. Pasos adelante 47 años tarde. Pero al mismo tiempo pone límites temporales injustos a esa memoria democrática, el año 78. Deja fuera a los cientos de asesinados y heridos durante el tardofraquismo y los años de una Transición que ya es una evidencia que en nada se pareció a un proceso tan ejemplar como se ha intentado aparentar durante años. También fue un periodo oscuro y duro en el que el terrorismo derechista o las actuaciones parapoliciales dejaron 2.663 víctimas en el Estado entre muertos y heridos, la mayoría olvidadas. Ni para eso hay margen al todo atado y bien atado. Una excepcionalidad antidemocrática más. Igualmente, deja fuera a las personas asesinadas por grupos terroristas como los GAL, el terrorismo de derechas y la guerra sucia del Estado o a los abusos de torturas y maltratos cometidos por funcionares policiales. De hecho, las denuncias documentadas de torturas y malos tratos se extienden hasta 2014. La parte de la memoria que recupera y reconoce la nueva ley es importante, pero la parte de desmemoria que ha dejado de nuevo para más adelante también lo es. Parece que la verdadera memoria democrática –la revisión crítica del pasado, la autocrítica y la búsqueda de la justicia y la reparación de las víctimas–, estorba siempre si cuestiona las actuaciones responsabilidad de los aparatos y estructuras del Estado. Ni siquiera este Gobierno está dispuesto a desclasificar documentos que pueden esclarecer los crímenes del tardofranquismo en plena Transición. Que la Ley de Memoria Democrática deje fuera de su alcance, es un ejemplo entre otros miles de casos, el secuestro, tortura y asesinato del joven navarro Mikel Zabalza en 1985 lo dice todo de esa parte de mala memoria. El necesario y legítimo reconocimiento social, político y económico y el derecho a la verdad, la justicia y la memoria alcanza a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin exclusiones. Las víctimas del terrorismo de ETA ya lo tienen, ¿por qué a las víctimas de una violencia se les puede reconocer, compensar y apoyar política e institucionalmente y a otras víctimas de otras violencias o de otras vulneraciones de derechos humanos no? Merece la pena leer o escuchar la intervención del senador por Navarra Koldo Martínez (Geroa Bai) para entender que la ley tiene avances y exclusiones. De nuevo, víctimas de primera y de segunda según quienes fueran sus victimarios. No hay un argumento ético y democrático capaz de superar esa contradicción. Sólo el interés de los ejecutores, instigadores y encubridores por seguir amparados en la impunidad que les evite la humillación pública por sus fechorías y comisión de delitos. Todos tienen nombre.
