Aunque asentada en la agenda colectiva, el 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, no debe limitarse a una fecha ritual o proyectar la impresión de ser solo la celebración del camino recorrido. Deberá ser eso y mucho más, empezando por un recordatorio de que el euskera debe seguir proyectándose con fuerza también en Europa para consolidar sus avances frente a obstáculos persistentes cuya vigencia amenaza su estabilidad.
El crecimiento sostenido no oculta la diferente situación de la lengua propia en los diferentes herrialdes. Si en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa muestra una vitalidad fruto de las políticas decididas de recuperación, consolidación y desarrollo –y sin que esto favorezca la autocomplacencia– el resto de territorios aún presentan una lengua más amenazada. La función del sistema educativo es incuestionable en el enriquecimiento con nuevos euskaldunes nativos y euskaldunberris, hasta fijar en el 62% el porcentaje de población de la Comunidad Autónoma del País Vasco con competencias en euskera.
El modelo en el que es vehicular –D– atrae al 70% del alumnado y alcanza el 94% en el caso de la educación pública. En Navarra, las competencias bajan al 26,7% de la población en un efecto muy marcado por la zonificación, que se refleja en que esas competencias alcanzan el 61,1% en zona denominada vascófona. Más barreras legales encuentra en Iparralde, donde retrocede al 20,1% de hablantes, minorizada por la legislación francesa que limita su oficialidad y presencia pública. Pero en Hegoalde persiste la amenaza interpretativa del Poder Judicial.
Los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y el País Vasco anulan sistemáticamente las valoraciones de méritos lingüísticos por considerar discriminatorio puntuar el euskera en oposiciones, pese a su peso sociolingüístico y reduciendo su valor a mérito optativo. Proyectar el Día del Euskera supone celebrarlo pero también incidir sobre sus riesgos para demandar marcos legales que equiparen derechos. Iparralde precisa cooficialidad; Navarra, superación de límites zonales; y ambos lados del Bidasoa, una lectura jurídica que no menosprecie su oficialidad ni el derecho de la ciudadanía a una Administración pública competente en la lengua de su elección. La solución deberá ser, de nuevo, política. La responsabilidad de impedirla, también.
