el resultado electoral se asemeja al que ha venido dándose en las últimas décadas, excepto en que el bipartidismo se ha difuminado. Es decir, existe una división en la sociedad española entre izquierda y derecha casi al 50% con ligeras variaciones que podrían dar la posibilidad de gobernar si no fuese por la particularidad de la existencia de un nacionalismo periférico que se opone al nacionalismo español, centralista y uniformador. Después del 10-N, los nacionalismos vasco y catalán han cobrado todavía más fuerza cuando ya habían generado problemas muy graves al Estado español no solo en el Régimen del 78, sino también por ejemplo durante la II República. Tras la errática repetición electoral, para que gobiernen las izquierdas, se necesita todavía más de la aquiescencia del nacionalismo y, en pleno proceso soberanista, esto presenta serias dificultades porque el apoyo al PSOE sin contrapartidas echaría por tierra el sacrificio personal de los dirigentes nacionalistas catalanes encarcelados, inhabilitados y sancionados económicamente, sobre todo después de la dura sentencia del Tribunal Supremo. Así, pues, en las negociaciones se habría de partir de la concesión de indultos totales o parciales a aquellos, pero se deberían abordar también otros aspectos más controvertidos. Verbigracia, se presenta ineludible tratar de la posibilidad de convocar un referéndum legal para que la ciudadanía catalana se pronuncie sobre la cuestión sustantiva de la permanencia de Catalunya en el Estado español. Sería virtud del PSOE, primero, saber hasta dónde van a ser capaces de negociar y, segundo, qué oferta realizarán, porque no se puede pensar de ningún modo que los nacionalistas tengan que apoyar a Pedro Sánchez sin compensación ninguna, simplemente por miedo a la derecha.

De forma simultánea, los nacionalismos catalán y vasco deberán reflexionar sobre la conveniencia de que dirija el Gobierno del Estado un partido como el PSOE, que hace gala de un carácter más dialogante y menos taxativo, por el que ha alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos y previsiblemente con el PNV. No se trata de asustarse ante la derecha española, sino de mirar por lo más conveniente para Catalunya y para Euskal Herria. Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez, de la mano de Pablo Casado, no dudaría en aplicar el art. 155 de la CE, pero que en una posición más equidistante, como la que representan Unidas Podemos y el propio PSC, el acuerdo sería extremadamente fructífero también desde el punto de vista catalanista. Si alguien piensa que la independencia de Catalunya se va a conseguir a corto o incluso a medio plazo, no demuestra más que una ignorancia supina sobre la naturaleza del Estado español y, seamos claros, de a qué está dispuesto a llegar para preservar la unidad de España. La dureza de las sentencias del Tribunal Supremo a algunos les ha pillado por sorpresa, pero otros llevamos tiempo alertando de que Madrid no ha ordenado todavía sacar los tanques a las calles de Barcelona y las demás ciudades catalanas únicamente por su pertenencia a los diferentes organismos internacionales. Ahora bien, los demás países, también los de la UE, guardan en su seno problemas similares y sus poderes fácticos no tienen ningún interés en alimentar las ansias independentistas de sus nacionalidades sin Estado. Esto no quiere decir que no se deba buscar un acuerdo en pos del reconocimiento del derecho a decidir y de una consulta de autodeterminación, que por ejemplo en el Reino Unido sí se ha conseguido. No obstante, previamente se manifiesta la necesidad de establecer y construir cauces y puentes sólidos por donde surque y transite un diálogo más diplomático, coherente y sosegado para marcar un sesgo democrático y pacífico en todas las reivindicaciones soberanistas que se hayan de plantear al Estado.

El autor es escritor