casi todo lo que existe, ocurre y rige en Navarra es consecuencia de las dos décadas de entendimiento entre UPN y PSN que precedieron al vuelco histórico de 2015. Y con ese legado, que tiene aspectos positivos y otros muy penosos, ha tenido que apechugar el cuatripartito durante la legislatura. Han sido cuatro años de mucho trabajo, encaminado en buena parte a mejorar y a revertir los recortes que aplicó Barcina después de años de despilfarro, decisiones disparatadas que endeudaron la Comunidad Foral para décadas en beneficio de unos pocos -los peajes en la sombra son quizá el ejemplo más paradigmático de la mala administración del dinero público- y una política fiscal errática e improvisada que terminó por vaciar la tesorería. Cuatro años estos últimos en los que, con aciertos y errores, se han dado algunos pasitos en la redistribución de la riqueza para avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada.

Entre los tijeretazos que en 2012 optó por dar UPN estaba el que recortaba del 25% al 10% el plus que recibían los funcionarios al regresar a su puesto de trabajo tras desempeñar un alto cargo para el que eran designados a dedo. Se trataba de una prebenda absurda, sin sentido, diseñada para que una cuadrilla de élites viera engordadas sus retribuciones. Por ello, suena a broma que al final de Legislatura se les haya colado la recuperación de este injustificable complemento con el argumento de que se trata de la reversión del “último paquete de recortes”. Y alcanza categoría de delirio escuchar críticas por boca de que quienes diseñaron este apaño, UPN y PSN, que son a su vez los únicos que se han beneficiado de él y sus ex cargos lo siguen haciendo a día de hoy.

Dicho esto, es de suponer que el Gobierno de Navarra y los cuatro partidos que le apoyan pongan en marcha medidas, vía decreto ley, que hagan desaparecer esta dádiva, que no tiene un pase se mire por donde se mire. A estas alturas los cuatro socios están de acuerdo, por lo que no hace falta ni debatirlo.