No se trata de la simple decisión sobre la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía que la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet Aznar (Cs), hará pública en la tarde de hoy. Ni siquiera de la formación, estructura y composición de un gobierno que PP y Cs ya acordaron ayer por la tarde en Sevilla. De lo que se habla, en realidad, es de cuál es el programa político que presentará y pretenderá desarrollar ese ejecutivo y la persona que lo presidirá: el popular Juanma Moreno. Porque una vez establecido que ninguna de las fuerzas de la derecha española estaba dispuesta a una nueva convocatoria electoral, el juego de escenificaciones con Vox era poco más que una pantomima en la que cada cual se ha hecho valer antes del acuerdo alcanzado con el partido de extrema derecha. La pregunta es si dicho acuerdo puede responder a la realidad sociológica de los apoyos que dieron a PP y Cs su actual representación parlamentaria en Andalucía, como segunda y tercera fuerza, no conviene olvidarlo (ocho y diez puntos por debajo de los socialistas), lo que se considera un éxito de los segundos pero es un rotundo fracaso de los primeros. O si, por el contrario, ese acuerdo a tres bandas traicionaría esa realidad, que se sabe más que se intuye muy alejada de pretensiones tan irracionales como las demandas que Vox reclama aunque haya renunciado a que condicionaran a priori el pacto (derogar la ley andaluza contra la violencia de género, expulsar a 52.000 inmigrantes irregulares, devolver competencias al Estado o cambiar el día de la comunidad, entre otras). Como dato, que ayer mismo fueron criticadas por voces autorizadas dentro del PP y por el propio Juan Marín, candidato de Cs y teórico vicepresidente de ese virtual gobierno “de derechas” que presidiría Juanma Moreno, quien las consideró “inaceptables” y “fuera de lugar”. Pero, más allá del apaciguamiento circunstancial de la investidura, ese gobierno nace dependiendo en cada votación de la aquiescencia de Vox y de su concepción del Estado español, que irá introduciendo y ha sido normalizada al considerarles socios factibles. Es lo que sucede cuando la práctica de la política ignora principios inherentes a la democracia y se dedica a lo que Thomas Darnstädt, al analizar la deriva de acuerdos, pactos y arreglos de la política alemana, denominó “la trampa del consenso” y definió como “modo de organizar la irresponsabilidad”.