Editorial de diario de noticias

Otro fiasco judicial en agua de borrajas

La anulación del caso Atutxa 11 años después de la sentencia del Supremo, que ya dejó en evidencia el Tribunal de Estrasburgo, rescata otro oscuro ejemplo de una judicatura utilizada como un instrumento de intereses políticos

10.02.2020 | 11:49

La anulación del 'caso Atutxa' 11 años después de la sentencia del Tribunal Supremo, que ya dejó en evidencia Estrasburgo, rescata otro oscuro ejemplo de una judicatura utilizada como un instrumento de intereses políticos

el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia por la que condenó en abril de 2008 al expresidente del Parlamento de Vitoria, Juan María Atutxa, y a los ex miembros de la Mesa de la Cámara Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por un supuesto delito de desobediencia. La nulidad decretada por el Supremo es consecuencia de la sentencia dictada en junio de 2017 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró que, en el proceso judicial, se vulneró el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humano, en referencia a su derecho a un proceso judicial equitativo y justo. La revocación llega 11 años y medio tarde, después de la sentencia por la que el Supremo condenó al ya entonces expresidente del Parlamento vasco a un año y medio de inhabilitación y una multa de 18.000 euros por un delito de desobediencia por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya había absuelto a los tres en 2004 por entender que gozaban de inviolabilidad parlamentaria. 15 años después de que se iniciara este proceso judicial, todo ha terminado en un nuevo fiasco de los altos tribunales de la justicia español, en buena medida impulsados por los recursos de acusaciones particulares como el sindicato ultra Manos Limpias, que tiempo después acabaría con sus principales líderes imputados por formar una red de extorsión, y con la presencia judicial del ya tristemente famoso juez Marchena. Y por la utilización sin sonrojo de la judicatura como instrumento de intereses políticos. La anulación final de aquel despropósito judicial sí cuestiona implícitamente el fondo del asunto, tanto el proceso como los fundamentos de la condena. Y también al propio Tribunal Constitucional, que ratificó en 2013 las condenas a Atutxa y Knörr y Bilbao, que tuvieron que soportar además la manipulación de los instrumentos legales por una ultraderecha alimentada por esa misma judicatura. De hecho, este varapalo supone admitir -obligado eso sí por la justicia europea- desde el mismo Supremo que les condenó injustamente el aval de los argumentos que expusieron los tres sobre la obligación de cumplir el Reglamento de un Parlamento democrático y la inviolabilidad parlamentaria como razonamientos jurídicos de la inexistencia del delito de desobediencia. La pena de banquillo y las condenas injustas no tienen vuelta atrás. Pero al menos el despropósito judicial queda para la historia en agua de borrajas.