a propuesta de nueva Ley Foral para el Fomento de un Parque de Vivienda Protegida y Asequible que inicia ahora su tramitación parlamentaria tiene como objetivos incrementar el parque de vivienda protegida y asequible, fomentar la rehabilitación y luchar contra la especulación. El nuevo texto normativo supone un claro avance en tres cuestiones claves: controlar el precio del alquiler en un mercado libre al alza, impedir que la vivienda protegida se pueda vender para hacer negocio y reforzar las medidas para que aflore la vivienda vacía. Los tres grupos parlamentarios que conforman el Gobierno, PSN, Geroa Bai y Podemos, detallaron ayer una norma en "absoluta sintonía" con la nueva Ley estatal de Vivienda. Aprovechando las competencias que tiene el Ejecutivo foral en materia de vivienda, que son todas salvo la de fijar los precios máximos de una vivienda libre, se crea el llamado Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA), un precio máximo del alquiler que tendría que tener cada vivienda en función de sus características y la zona en la que se sitúe para que este sea asequible. Se aplicará en las llamadas zonas "tensionadas" que estarán definidas en la nueva ley estatal de vivienda. Estos precios permitirán después al Ejecutivo foral impulsar incentivos o gravámenes fiscales para los propietarios que los cumplan o no. Para ello es importante crear un Registro de Contratos de Alquiler que dejará rastro de las cuantías de los nuevos alquileres o subidas. Una medida que urge con alquileres que rondan en muchas zonas de Pamplona y Comarca los 800-1.000 euros lo que imposibilita el acceso a la vivienda de cualquier ciudadano medio. También el periodo de calificación de la vivienda protegida será indefinido, tanto en compraventa como en alquiler y tanto para VPO como VPT (en la actualidad son 30 años para compraventa y 15 para alquiler) como la única manera para no perder patrimonio público. Otro puntal importante, la rehabilitación, se acompaña de un mapa del parque residencial estableciendo las zonas más vulnerables. Se detallan además las sanciones para viviendas vacías que no se alquilen al menos a la bolsa del Gobierno. Y para expropiar a entidades financieras con viviendas vacías más de un año. El porcentaje de reservas para VPO se reduce al 50% (es ahora el 70%) para garantizar su ejecución real pero con el 15% para alquiler. Habrá que ver cómo avanza el trámite parlamentario y cuando se podrá poner en marcha esta ley, superado el ecuador de legislatura, para que tenga una incidencia directa en el mercado.