in duda, la mejora de las previsiones en la caída de ingresos fiscales -de los 820 millones que calculó Hacienda Foral en mayo a los 513 que prevé ahora para final de año-, y el nuevo acuerdo con el Gobierno central para elevar la capacidad de endeudamiento de Navarra del 2,3% al 2,6% del PIB son dos elementos de capacidad financiera que facilitan la elaboración de unos Presupuestos para 2021 que sitúen las demandas y necesidades que se derivan de esta situación de crisis como prioridades. Y si es así, debían ser también dos elementos también políticos que faciliten al Gobierno de Chivite la negociación de acuerdos políticos que garanticen la mayoría parlamentaria suficiente para la aprobación de esas nuevas Cuentas. Pero tampoco vale echar las campanas al vuelo o vender la piel del oso antes de su caza. La reducción de los ingresos fiscales en 513 millones de euros más los aumentos del gasto sanitario, educativo y de atención social este 2020 exigen de más y mayores recursos tanto para compensarlos como para prever las nuevas necesidades que puedan llegar este mismo otoño-invierno y el próximo año, al menos hasta que haya un tratamiento médico efectivo contra la covid-19. Y no sólo se puede estar a la espera de que caiga el maná de los Fondos Europeos. Llegarán dinero de Europa, pero aún no está claro cuando ni tampoco cómo se gestionarán esas ayudas desde el Estado hacia las comunidades autónomas. Sin olvidar que son ayudas destinada a proyectos estratégicos y sectoriales muy concretos en los ámbitos prioritarios de esos Fondos: la política medioambiental y la digitalización. Estos es, los Presupuestos deben tener claros sus objetivos prioritarios, en especial en el ámbito de la inversión social, la igualdad de oportunidades, la sanidad y la educación, la juventud y el empleo y esos contenidos y los números necesarios para abordarlos deben tener los recursos necesarios y contables independientemente del dinero que pueda llegar a partir, como mínimo, de la primavera de 2021 de la UE. Tan absurda políticamente es la postura de Navarra Suma exigiendo constantemente incrementos de gasto y el mayor endeudamiento posible a cargo de las Cuentas Públicas -siguen instalados en la política del despilfarro que practicaron irresponsablemente-, y negarse al mismo tiempo a cualquier posibilidad de adecuar la política tributaria a una fiscalidad progresiva más acorde con la realidad de Europa y las exigencias de gasto derivadas de la crisis como los son las reticencias del Gobierno, en especial el sector del PSN, a afrontar siquiera el debate sobre esa misma posibilidad con el aumento de determinados impuestos al capital o la supresión del entramado de deducciones fiscales en Sociedades. De hecho, es la recomendación de la misma Comisión Europea y de la propia OCDE, instituciones poco sospechosas ideológicamente. Si una fiscalidad distributiva y progresiva es un pilar no solo del Estado de Bienestar, si no también de la democracia, ahora es además una necesidad para salvaguardar tanto el Estado de Bienestar como la democracia. Ambos están en riesgo, cada vez mayor, y la política progresista que dice sostener este Gobierno y que cuenta con una amplía mayoría en el Parlamento de Navarra debe tener también como prioridad la defensa tanto de la democracia como del Estado de Bienestar. Y para ello huir de la demagogia, ya sea política o fiscal, es imprescindible.