a pandemia del coronavirus lo cubre todo. Desde las acción institucional hasta los discursos políticos. Y sobre todo la misma política. Se ha detenido la acción política en un impasse similar al que vive la sociedad. Camino de un año conviviendo con el coronavirus todo es cada vez más tedioso y confuso. Parece haberse instalado en la opinión pública un estado de desinterés como respuesta a la reiteración de debates y mensajes y a esa insistencia constante entre la propaganda como defensa y la confrontación y polarización como únicos argumentos de ataque en medio de esta situación de excepcionalidad. El desinterés por la política es aún peor que el desprestigio y no deja de ser otra puerta abierta para las corrientes ideológicas que buscan la devaluación de la democracia. La política, los políticos, deben recuperar la iniciativa política. Navarra afronta un 2021 complejo y difícil, con sombras de incertidumbre a la vez que anhelos de esperanza. Debe asumir los retos que le depara esta pandemia sanitaria en el ámbito social, económico, laboral y fiscal, aportar desde los recursos y servicios públicos medidas que contribuyan a paliar las necesidades de los navarros y navarras en este convulso tiempo. Los Presupuestos de 2021 y los Fondos Europeos serán las herramientas para ello, pero hay también otras cuestiones políticas pendientes. Uxue Barkos advertía de la necesidad de abordar las negociaciones con el Estado para renovar el Convenio Económico. Un instrumento fundamental para afrontar económica y financieramente esos retos que nos vienen este 2021 y los que vengan después. Hay mucho en juego. También están pendientes los recursos contra las leyes forales del Fuero Nuevo -aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra-, y de Abusos Policiales. Se supone que la estrecha relación entre Sánchez y la presidenta Chivite y la buena relación entre ambos gobiernos debiera permitir superar esos recursos antes de llegar a un Tribunal Constitucional que falla en un 80% de los casos en contra de Navarra. De las 17 leyes forales recurridas por los gobiernos centrales -principalmente del PP pese a ser socio de UPN-, 13 han sido anuladas o devaluadas en su contenido y solo 4 avaladas. Es evidente que en los despachos de los ministerios de Madrid se analizan las leyes forales con un lupa mucho más grande que las de otras comunidades. Una recentralización progresiva que ya ha recortado las competencias propias de Navarra. El cuerpo de elite de la Abogacía del Estado siempre ha optado por defender las esencias centralistas y uniformadoras del Estado antes que las mejoras en la calidad de vida para los navarros y navarras que suponían esas normativas propias. Urkullu y Sánchez ya han acordado una reunión bilateral en febrero para abordar lo que se denomina ahora cogobernanza. Un camino también para Chivite para dar fuerza a la bilateralidad que emana del modelo político y jurídico del autogobierno foral de Navarra. Convenio Económico, recursos contra las normativas forales y culminar de una vez el traspaso de la competencia en exclusiva de Tráfico a la Policía Foral. Han pasado casi tres años desde que Barkos y Sánchez cerraran ese acuerdo, pero desde el Estado continúan las largas con todo tipo de excusas técnicas. Demasiado tiempo mareando la perdiz como para no sospechar de la intención de un nuevo incumplimiento del Estado con Navarra.