l Gobierno de Navarra apremia al Ayuntamiento de Pamplona para que ceda siete parcelas de su propiedad con capacidad para albergar 300 viviendas públicas de alquiler en los barrios de Arrosadia, Txantrea, Etxabakoitz, San Jorge o Buztintxuri. La ciudadanía confía en que haya un entendimiento y no lo espera menos la lista de 10.000 demandantes de vivienda de alquiler. El equipo de gobierno municipal debe arrimar el hombro en Pamplona con los solares disponibles y no pensar en en su venta para que los promotores puedan construir vivienda libre. También el Ejecutivo foral tiene que forzar la maquinaria porque las 524 VPO previstas dentro del plan Navarra Social Housing para 2023 serán del todo insuficientes. El 35% son para alquiler joven aunque la necesidad en este momento no tiene edad y las situaciones son infinitas. De momento se han finalizado 139 VPO y si bien se han abierto otras vías público-privadas en solares forales y convenios con otros municipales los tiempos se dilatan. Y no solo de pisos porque también las habitaciones han sufrido subidas de hasta el 40% (400 euros) en Iruña. Una ciudad, por otro lado, con 1.816 pisos con el cerrojo echado, detectados por el Gobierno mientras elabora un censo de viviendas vacías. La nueva Ley estatal de Vivienda permitirá, previsiblemente, a comunidades y ayuntamientos fijar límites a las rentas en las zonas más tensionadas aunque en Berlín los tribunales acaban de tumbar ese tope por entender que las autoridades locales se habían extralimitado en sus competencias. Habrá que hilar fino desde el punto de vista legal. Y desplegar toda la artillería. Hace falta.
