a fallecido el presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Fue la persona que proclamó hace un año más o menos que "se acabó morir en el Mediterráneo". Nadie, claro, le recuerda por eso. Se refería a la necesidad de que Europa apostara por corredores humanitarios seguros -que haya que llamar así a un viaje para salvar vidas dice todo del deterioro de la política actual-, que eviten la muerte de esos miles de seres humanos que se pierden cada año en el mar. No acertó Sassoli. Tampoco acertó cuando lanzó sucesivas diatribas contra la miseria laboral. El italiano ha sido uno de los pocos altos cargos de las instituciones de la UE que sido constante en la defensa de un modelo de construcción europea más acorde con los valores de su proyecto fundacional original. Ha muerto. Es lo que tiene. Desgraciadamente, los datos se alejan todo de las buenas intenciones de las palabras de Sassoli. Un total de 1.838 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 2021, un aumento del 20% con respecto al año anterior, cuando perdieron la vida en el mar unos 1.448 migrantes, según el último informe del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos. En el Mediterráneo, donde hay buques solidarios que trabajan cada día por intentar salvar esas vidas. Otras fuentes señalan que solo por intentar alcanzar las costas españolas, sobre todo en la ruta de Canarias donde apenas hay medios de salvamento en el Atlántico, la cifra de personas migrantes que han muerto o desaparecido en el mar en 2021 ha superado los 4.400, lo que supone un aumento de un 102% con respecto a los datos de 2020. Los hechos reales contradicen las palabras. Las políticas europeas cada vez más inhumanas y antidemocráticas son las responsables de ese aumento de muertes. Sin olvidar que ese progresivo endurecimiento de las normas de migración y la imposición creciente de los discursos más extremistas contra las personas migrantes han llevado a muchos países europeos a devolver por la fuerza a migrantes y solicitantes de asilo a países donde solo hay esclavitud y explotación. También lo hace el Estado español con las llamadas devoluciones en caliente. Estrategias y medidas que, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, violarían la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, las leyes de la UE o los instrumentos de Derechos Humanos sin que nadie parezca dispuesto a hacer nada pese a ello. Sassoli lo dijo, pero nadie más con poder real parece dispuesto a echarles una mano, más allá de quienes ayudan desde la solidaridad humana en campos o fronteras de tierra o mar. Y ya ni siquiera la dureza de las fotografías que registran muchas de esas miles de muertes en las playas donde el mar arroja los cuerpos parecen suscitar interés humano. De compasión, ni hablo.