l Congreso de los Diputados pone en marcha el debate para crear una comisión parlamentaria que investigue los abusos a menores en la Iglesia católica en el Estado español. Un paso que coincide con la solicitud de la Fiscalía General a los 17 fiscales superiores autonómicos de toda la información relativa a las denuncias sobre estos hechos. Un paso que tiene más de paripé de propaganda que de avance real. Sólo pide datos de procesos en tramitación cuando debería solicitar información sobre todas las denuncias presentadas, hayan prescrito los hechos o esté vivo o no el acosador. Al mismo tiempo, víctimas de esos abusos sexuales impulsan también la creación de una Comisión de la Verdad formada por personas independientes para facilitar una investigación exhaustiva sobre todo ello. Es la respuesta a la inacción de la jerarquía católica. De hecho, la actitud del arzobispo de Pamplona Francisco Pérez, que sigue dando la espalda a las víctimas que han venido denunciando en los últimos años los abusos que sufrieron principalmente en colegios de congregaciones religiosas, es el paradigma de la resistencia que mantiene la mayoría de la iglesia católica española a avanzar en la memoria y reconocimiento de esas víctimas. En el Estado español, la Conferencia Episcopal se limitó hace un año a hacer públicas las cifras oficiales sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia desde 2001. Los datos aportados indican que en estos últimos veinte años ha habido 220 denuncias contra sacerdotes españoles por este tipo de delitos contra menores, una cifra que las asociaciones de víctimas consideran muy alejadas de la dimensión real de los hechos. En Navarra, en los últimos años se han denunciado 30 casos de abusos en ocho colegios con 12 religiosos identificados. Hay muchos más. La mayoría de esas denuncias han sido archivadas por haber prescrito los delitos. Sin memoria ni reconocimiento para las víctimas. La contabilidad de las meras cifras no resulta suficiente en un asunto de la extrema gravedad. Es necesaria mayor autocrítica por parte de la Iglesia española. Y como mínimo, una petición clara y rotunda de perdón, tanto por los casos, denunciados o no, como por la actitud condescendiente de la Iglesia. Sigue habiendo un abismo entre el mensaje evangélico de Jesús y la realidad cotidiana que protagonizan algunos miembros de las jerarquías católicas. Basta repasar las palabras y órdenes del Papa Francisco y las declaraciones de obispos y dirigentes de los movimientos ultracatólicos más fanatizados sobre las denuncias de casos de pederastia y abusos de menores. Vienen a decir que el pecado es humano y la culpa, en todo caso, del Diablo, ese personaje imaginario que lo mismo ha valido al poder católico para torturar o entregar a seres humanos a otros torturadores que para encender hogueras con la carne de hombres y mujeres inocentes, para emprender auténticos genocidios, para adular a los poderosos y bailar los beneficios de la corrupción y la explotación de seres humanos o para expoliar miles de propiedades con las que engordar la riqueza de los mercaderes del Templo. Hay otra iglesia cristiana con obispos, sacerdotes, religiosas y seglares. Es la diferencia entre la Iglesia como comunidad de personas creyentes y la iglesia como institución de miedo y poder político y económico terrenal.