Vacunas: protección de la salud vs. libertad ideológica

08.02.2020 | 15:22

hemos tenido la oportunidad de conocer, en recientes fechas, una sentencia que pone el foco en la posibilidad que dispone un Ayuntamiento para denegar la matrícula en una guardería de un menor que no estaba vacunado. Se trata de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Barcelona de 8 de enero (no es firme).

En el supuesto enjuiciado, la familia del menor alegaba en su demanda frente al Ayuntamiento la vulneración de sus libertades ideológicas, al ser partidarios de la no vacunación, razón por la que entendían que el Ayuntamiento debía permitirles matricular a su hijo en la guardería. Entendían que, ante una decisión personal, como la de no vacunar a los hijos, el Ayuntamiento imponía una suerte de sanción al impedirles la matriculación en la guardería.

Frente a dicha alegación, el Ayuntamiento esgrimió el artículo 43 de la Constitución, que viene a reconocer el derecho a la protección de la salud, señalando a los poderes públicos como responsables de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de los servicios necesarios.

La sentencia en su fundamentación viene a explicar que la familia con su voluntad de no vacunar a su hijo viene a olvidar "los derechos de los demás, pues entienden que su derecho a asistir a una escuela cuna, es superior al derecho a la salud del resto de niños".

Más adelante advierte que "no existe atisbo de vulneración de libertad ideológica" puesto que a la familia del menor no se le ha obligado "en ningún momento a vacunar a su hijo, lo que sí es obligatorio con régimen sancionador propio en países de nuestro entorno democrático" pudiendo "libremente elegir, sin que ello haya supuesto sanción alguna".

La sentencia, en definitiva, concluye que "los padres del menor no vacunado pretenden que los niños matriculados en la guardería asuman el riesgo de una decisión unilateral y no fundamentada en la evidencia consensuada por la comunidad científica nacional e internacional" al tiempo que critica que estas personas decidan "unilateralmente que sus consecuencias y riesgos sean asimilados por el resto de la población".

Esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Barcelona, referencia, a su vez, otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 de marzo de 2000, que estudió el supuesto de una resolución que dejó sin efecto la matrícula de una niña en una escuela por no contar con la cartilla de vacunas.

El Tribunal, en aquel supuesto, dejó sentado que "La convivencia en un Estado social y democrático de Derecho supone, no sólo el respeto de los derechos fundamentales a título individual, sino también que su ejercicio no menoscabe el derecho del resto de la sociedad que se rige por unas pautas de conducta que persiguen el interés general. Así pues, no estamos aquí ante una vulneración del derecho a la educación, de lo que es buena prueba la admisión de la menor en la escuela, sino ante el incumplimiento de unas obligaciones que tienen como finalidad la prevención de enfermedades, y que se traducen en la práctica en la exigencia de acreditar las vacunaciones sistemáticas que le corresponden por su edad, que responden a la idea de obtener una inmunidad del grupo que, además de proteger del contagio a los individuos no vacunados por contraindicaciones individuales, permite la eliminación de la enfermedad en un área geográfica determinada, e incluso a nivel mundial".

La idea que subyace en estas resoluciones judiciales es que si se considera que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (citado artículo 43 CE), siendo uno de los principios generales señalados en la Ley General de Sanidad, el que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades (artículo 3 de la Ley General de Sanidad) desarrollando las Administraciones actuaciones tendentes a la prevención de la enfermedad tanto del individuo como de la comunidad (artículo 18 de la Ley General de Sanidad), y que dentro de las obligaciones impuestas a los ciudadanos están las de cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la población, como también las específicas determinadas por los Servicios Sanitarios (artículo 11 de la Ley General de Sanidad), se comprende que la exigencia de vacunación de la población infantil forma parte de esas medidas preventivas a las que se refiere la Norma Suprema porque con ello se está dando respuesta cabal por la Administración al derecho constitucional a la protección de la salud.

El autor es abogado-mediador en ADM Abogados