Un año más, el descontento y las reclamaciones al proceso selectivo en la última convocatoria de oposición al cuerpo de Magisterio en Navarra se han amontonado en la web del departamento a la espera de ser resueltas en unos meses, cuando ya todo el proceso se ha cerrado y el tupido velo de la urgencia por organizar el nuevo curso no deja tiempo a la importancia de reflexionar sobre la coherencia que debe regir el ingreso en la función docente.

La primera de las claves sobre la que creemos que el departamento debe reflexionar se centra en el plano organizativo. La falta de personal de Recursos Humanos ha derivado en ocasiones en caos organizativo, incumplimiento de plazos administrativos y falta de respuesta a las instancias de revisión de documentación que solicitaban. Además, en la convocatoria no se especificaban los criterios de valoración como ocurre en otras comunidades, publicándose el 14 de junio, a menos de 10 días del comienzo de las pruebas.

En el plano estructural, la secuencia de las fases, competencia de cada comunidad, hace que en Navarra se valore en mayor medida la parte memorística que la valía docente al dar comienzo con la parte teórica y dejando sin posibilidad de defender la fase práctica por el mismo proceso eliminatorio. Esta crítica tan repetida se ha solventado en otras comunidades como Cataluña dando comienzo al proceso con la defensa de la fase más pedagógica y dejando para un segundo momento el examen escrito. El caso más llamativo es el de la especialidad de Música, en la que en la mayoría de las comunidades se solicita una prueba de interpretación individual, no así en Navarra.

En cuanto al desarrollo de las pruebas, los exiguos criterios de evaluación y la ausencia de información pública sobre las rúbricas de ponderación utilizadas en exámenes de desarrollo hacen que el ingreso a la profesión y la práctica docente sean, cuanto menos, subjetivos para el desempeño de la labor docente, cuanto más dependientes de factores como la suerte o el cansancio del tribunal. Debemos añadir que la posibilidad de presentar material auxiliar en la defensa de la programación y no en la de la unidad no se corresponde con las especificidades que marca el RD 276/2007, siendo una incongruencia manifiesta con la práctica diaria de la profesión.

Mención aparte merece la subjetiva y desfasada información que aparece en temarios y libros de texto y que sirve como plantilla de corrección, cuestión que favorece el negocio de academias y ciertos sindicatos, vislumbrándose una pequeña industria cargada de intereses que sería anulada con la existencia de un temario único de acceso a la función pública.

Para finalizar, la piedra de toque que marca esta tormenta perfecta para el personal que trabaja en nuestras aulas es la Orden Foral que regula la contratación, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pero vigente por un recurso del departamento, que rescata la vinculación entre listas de contratación y oposición por medio de unas listas preferentes que ya se impusieron en 2007 por el consejero del CDN, y que no ha logrado solucionar los problemas de contratación tal y como se ha podido constatar este inicio de curso.

Esta obligación de presentarse a oposiciones para poder seguir trabajando, y no con el verdadero objetivo de conseguir una plaza debido al reducido número de puestos ofertados (oferta además alejada de las vacantes de los centros que ha hecho que deban realizar las prácticas en una especialidad a la que no se presentaron), ha provocado estrés sostenido, disfunciones en los centros, crecimiento excesivo de los tribunales, listas de contratación irreales y un vuelco en el orden de las mismas, dejando a docentes con años de experiencia sin posibilidades de contratación.

Lamentamos la falta de profesionalidad del antiguo director de Recursos Humanos, Javier Iglesias, y esperamos que el nuevo gobierno mitigue el caos organizativo que ha prevalecido, revise el desarrollo de los procesos selectivos, sus fases, criterios de

calificación y ponderación, apueste por la rebaremación anual y la apertura permanente de listas, y modifique la normativa de gestión de personas contratadas que deteriora el trato al personal más vulnerable.

STEILAS