Protección al menor: imperativo ético y obligación legal

10.02.2020 | 11:49

La migración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Naciones Unidas señala que en el mundo 258 millones de personas viven en un país distinto del que nacieron. Muchas migran voluntariamente, otras tienen que hacerlo por necesidad. Se estima en 68 millones las personas desplazadas por la fuerza, incluyendo a 25 millones de refugiadas, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones dentro de su país.

Europa, como otros lugares, estableció políticas migratorias para regularla y evitar la ilegal. Pero regular sirve de poco sin atajar las causas de las migraciones en origen. Mientras tanto Europa seguirá siendo el objetivo de quienes huyen de las guerras, de la persecución, de la pobreza y de la falta de oportunidades. Como el mundo no está falto de esas adversidades, las personas que intentan traspasar las fronteras de los países desarrollados constituyen un flujo constante. Todas ellas apelan a ser acogidas en nuestras sociedades.

No estaba previsto, pero desde hace un tiempo, mediados de los 90, ha cruzado las fronteras europeas una población singular. Se trata de menores de edad, es decir, niños y niñas que no tienen una figura responsable que los tutele. Los conocemos ya con el acrónimo MENA.

En Navarra la llegada de estos menores se ha traducido en la tutela de unos 260 en los últimos meses, lo que ha generado controversia, quizá debido a que aun no siendo un fenómeno nuevo, sí resulta novedoso en nuestro territorio. En esa controversia algunas veces se ha reclamado su devolución y en otras se les estigmatiza como grupo peligroso. ¿Con qué ojos veríamos que un menor sin progenitores o tutores quedara desprotegido, sin techo, comida, sanidad y educación? ¿Por qué resulta distinto si estos menores son extranjeros?

Hay una cuestión sobre la que no cabe ninguna duda: un menor extranjero que se encuentra en territorio español sin la protección de ningún familiar o adulto responsable de su cuidado está amparado por un único estatuto jurídico, que es el determinado por las normas nacionales e internacionales de protección a la infancia al ser preferente su condición de menor sobre la del origen nacional. Tanto los textos internacionales como la normativa española reconocen los derechos a todos los menores de edad sin distinción. Con lo cual, podríamos decir que al término MENA le sobra la E de Extranjero. Por tanto, acoger a un menor sin tutor, independientemente de las razones de su situación, de su origen, de su color de piel, es una obligación ética, pero también legal.

En Navarra, como en las demás autonomías, ha habido que crear, con premura, servicios para acogerlos. Imposible planificarlos con antelación. Llegaron inesperadamente y hubo que reaccionar rápido. Y estuvimos a la altura. Por suerte, el modelo y los procedimientos de acogida ya existían para los menores en situaciones en desamparo. Desde el departamento de Derechos Sociales pensamos que es fundamental invertir en los menores, ya que lo que no se haga en este estadio evitará tener que invertir en ellos cuando sean mayores, con resultados peores y consecuencias más severas.

Acoger es totalmente necesario cuando un menor se encuentra en situaciones difíciles. Acoger es preguntar, como hace un buen padre y una buena madre, "¿qué te pasa?", y dialogar creando un entorno seguro y de confianza, procurando un techo, alimentación y educación. No se trata de un reto pequeño. Quienes tienen menores a su cargo lo saben bien. Requiere también acompañar al menor en su proceso personal y de crecimiento. Y para ello ha de encontrar figuras de referencia que permanezcan en el tiempo, que puedan ejercer ese acompañamiento con la empatía, autoridad y la disciplina necesaria para fomentar el esfuerzo personal y la adaptación social. Esto debe ir acompañado del acceso a las oportunidades para realizar sus proyectos de vida y la formación necesaria.

Afortunadamente, Navarra cuenta con una excelente trayectoria de acogida. Participa de una cultura que es sensible a las adversidades por las que atraviesan otras personas, también en el caso de menores procedentes de otros países en situación de desamparo. Niños y niñas, no olvidemos.

Claro está que al departamento de Derechos Sociales y las demás entidades implicadas nos gustaría tener más medios y recursos y hacerlo mejor, pero estamos aprendiendo con nuestra experiencia y las de otras comunidades. Tenemos mucho a nuestro favor: contamos con profesionales muy motivados para prestar la mejor ayuda. También contamos con instituciones, municipios y entidades y asociaciones que nos apoyan en esta labor. Y, además, hay personas generosas que se están formando para ser referentes de estos jóvenes y acompañarlos en sus procesos de crecimiento, ahora y cuando cumplan la mayoría de edad.

Hay voces que no se deben ignorar que, con motivaciones nobles, sitúan la convivencia con los MENA como una cuestión de orden público. También manifiestan su preocupación en torno al posible desbordamiento social debido a la inmigración y el efecto llamada relacionado con el acogimiento de los menores. Muestran un escenario catastrofista asociado a estos menores, vinculándolos con diversos tipos de delitos y altercados. Eso sí, cuando se trata de concretar, afirman finalmente que estos incidentes y quienes los protagonizan "son pocos y poco importantes".

Seguramente una parte de esa preocupación está relacionada con el control. A ese respecto debemos señalar que los servicios están preparados para gestionar las dificultades y conflictos que se puedan presentar. Los jueces y la Policía están obligados a notificar al departamento de Derechos Sociales, como tutor legal de esos menores, cualquier incidencia. Se mantienen reuniones periódicas entre todas las partes implicadas donde se puede tratar cualquier cuestión. Los profesionales de los servicios que los atienden toman decisiones ante cada situación concreta que un menor tutelado puede presentar. Podemos afirmar también que hoy el nivel de conflictividad social detectado en Navarra con MENA no es ni mayor ni menor al del resto de adolescentes, tanto en proporción como intensidad.

Estamos obligados a hacer las cosas bien, sin generar alarmas infundadas que conducen a una percepción inadecuada y estigmatizadora de este colectivo. Se trata de una labor compleja, que exige un abordaje desde múltiples frentes. Además de decir y exigir lo que otros deben hacer, cada parte interesada puede indicar cómo contribuirá para favorecer y mejorar la acogida de los menores extranjeros en situaciones de desprotección. En el departamento de Derechos Sociales tenemos las puertas abiertas para escuchar tanto preocupaciones como iniciativas.

Desde luego, resulta claro que trasladar a la comunidad la imagen de los MENA como una cuestión de orden público no es fomentar la actitud de acogida y solidaridad que siempre ha caracterizado a Navarra. Podemos estar orgullosos y orgullosas de saber que en nuestra comunidad no hay un solo menor viviendo en la calle como ocurre en otros lugares. Todos están tutelados, y todos están, o estarán muy pronto, integrados en un proceso de educación y formación reglado acorde a cada necesidad particular.

Pero sobre todo no podemos olvidar que detrás de las siglas hay personas, y que Menores Extranjeros no Acompañados son tres condiciones que, sumadas, nos hablan de personas con importantes adversidades biográficas y en una situación extrema de vulnerabilidad que tenemos el imperativo ético y la obligación legal de atender. Si lo hacemos bien, su integración social y laboral será buena para ellos y para Navarra. Invertir en su integración es invertir en el futuro de Navarra.

La autora es consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra