Ni recortes ni más deuda: justicia social

07.11.2020 | 01:20

Ante la situación de emergencia social a la que nos está llevando esta pandemia, unida a las consecuencias económicas y sociales que venimos soportando desde hace una década derivada de la crisis financiera, desde el Parlamento Social vemos necesario el llamamiento a la sociedad a movilizarse con el fin de poner freno, de una vez, a las políticas neoliberales que se vienen produciendo en Navarra, por parte de todos sus gobiernos, desde hace más de cuarenta años. Independientemente de las etiquetas de conservadores o progresistas que los partidos políticos que los sustentan se atribuyen.

En el Parlamento Social venimos diciendo durante estos últimos ocho años que el dinero público se debe dedicar única y exclusivamente a financiar los servicios públicos. Sanidad, Educación y Derechos Sociales deben ser los máximos receptores de los ingresos obtenidos, vía impuestos, por la Hacienda Foral de Navarra.

Cuando en octubre del año 2012 colaboramos en la realización de unos presupuestos participativos para el año 2013, demostramos cómo las necesidades del Departamento de Salud necesitaban de un presupuesto de 1.400 millones de euros frente a los 856 millones que presupuestó UPN, o los 1.163 millones presupuestados este año por el Gobierno del PSN, Geroa Bai y Podemos. En concreto, a la partida dedicada a la Atención Primaria, cuya importancia se está demostrando en esta pandemia, nosotros presupuestamos 308 millones para el año 2013, por los 258 millones que presupuestó UPN y los 184 millones que tiene presupuestado el Gobierno actual para este año 2020. Demostrándose que ha sido la gran pagana de esta crisis.

A la hora de elaborar un presupuesto, la regla de gasto marca en primer lugar saber el dinero que se tiene para, en función de su importe, aplicar el gasto correspondiente. Es necesario dar la vuelta a esta premisa con el fin de priorizar el cálculo del gasto que supone atender las necesidades principales demandadas por la sociedad, y a partir de ahí plantear la forma de financiarlas.

Cuando para el año 2013 planteamos un aumento de los ingresos superior a los mil millones de euros propuestos por el Gobierno de UPN, indicábamos las medidas que había que realizar para conseguirlos. Unas medidas que ni los gobiernos de UPN ni los autodenominados progresistas de la anterior y de esta legislatura han tenido a bien llevar a cabo.

Entre las principales medidas que proponíamos y seguimos reivindicando en la actualidad, como única forma de salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás, destacamos la lucha contra el fraude fiscal. En Navarra el fraude fiscal, de acuerdo a un estudio de la UPNA, supone una merma en los ingresos de 541 millones. Ni este Gobierno de Navarra, ni ningún otro gobierno anterior, muestran la mínima intención de poner los medios necesarios para atajar esta lacra. Que no son otros que el aumento de personal de cara a la inspección y recaudación en la Hacienda Foral de Navarra y las entidades públicas que colaboran con ésta.

En el año 1999, cuando se creó el organismo autónomo de la Hacienda Foral de Navarra, el Servicio de Inspección contaba con 29 inspectores entre técnicos y gestores. Entonces se dijo que este servicio contaría en un plazo de tres años con 50 inspectores. Hoy en día este Servicio de Inspección cuenta con 26 inspectores.

Tanto este Gobierno como todos los que le han precedido se basan en planes de lucha contra el fraude fiscal totalmente teóricos, demagógicos y sin ningún tipo de resultados.

Con un funcionamiento de la Hacienda Foral, desde hace veinte años, basado en la autocomplacencia y el corporativismo de sus direcciones de servicio, no dejando paso a la renovación, eficiencia y eficacia a la hora de desarrollar sus funciones, incluso no haciendo uso del total de partidas presupuestarias dedicadas a la contratación de personal.

Otra de nuestras propuestas es el aumento progresivo de los tipos en el IRPF para los ingresos muy altos y grandes fortunas y la anulación de los beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades. Lo que supondría una recaudación estimada de 80 y 200 millones respectivamente. Así como la anulación de las subvenciones y convenios firmados con el Opus Dei (60 millones), la educación privada (110 millones) y las empresas, principalmente las adscritas a la CEN (40 millones).

Otro grave problema es el endeudamiento. Un asunto en el que desde el Parlamento Social venimos advirtiendo, en los últimos años, de su extrema gravedad. Ya en la pasada legislatura elaboramos un estudio (avalado por diversos informes de la Cámara de Comptos) en el que demostramos que de los 770 millones de deuda pública, contratada por los gobiernos de UPN y que se amortizó la pasada legislatura, 191 millones correspondían a deuda ilegítima. Es decir, deuda contraída por los gobiernos de UPN en contra de los intereses de la ciudadanía y a favor de las elites financieras, principalmente de la Banca.

El estudio, junto con sus informes y pruebas documentales que demuestran la ilegitimidad de esa deuda, se encuentra en poder de todos los partidos políticos presentes actualmente en el Parlamento de Navarra. Hasta el momento ninguno ha demostrado interés para acudir a la justicia en demanda de la devolución de esos 191 millones.

El recurso al endeudamiento que está llevando actualmente el Gobierno de Navarra, como única solución para paliar esta crisis, sin entrar en medidas como las que mencionamos en este artículo, y aún con la excusa del bajo interés al que están contratando la deuda, teniendo en cuenta la voracidad del capitalismo, nos lleva a un escenario futuro en el que, tal como ya hicieron cambiando el artículo 135 de la Constitución, obligando al pago de la deuda por encima del gasto social, promoverán un cambio legislativo liberando los tipos de interés contratados en este momento y llevaran a las administraciones, excesivamente endeudadas, a una nueva crisis en la que, una vez más, hundirán en la precariedad a la gente, mientras que la Banca volverá a realizar un negocio extraordinario.

Ante este panorama, en el Parlamento Social creemos que no podemos perder más tiempo. A pesar de las circunstancias actuales es necesaria la movilización en pro de una salida a esta crisis, sin recortes, sin endeudamiento y con una justicia social. Por eso convocamos a toda la ciudadanía a concentrarse el próximo día 13 de noviembre a las 12 del mediodía enfrente de la sede de la Hacienda Foral de Navarra.

Firman este artículo: Javier Onieva Larrea, Mertxe Larumbe, Felix Zabalza Irigoyen, Uxue Lasa Villa, Akina De la Cruz Maya, del Parlamento Social