Plan de choque para la Dependencia

06.02.2021 | 01:36
Plan de choque para la Dependencia

"El cuidado asume una doble función de

prevención de daños futuros y regeneración de daños pasados" (Leonardo Boff)

Todas las personas deseamos tener una vida larga, plena, saludable y autónoma. Seguramente ésta es una aspiración universal. Sin embargo, se dan circunstancias y etapas de la vida en las que necesitamos cuidados específicos y dependemos de otras personas para que nos los proporcionen.

Todos y todas somos susceptibles de ser dependientes en algún momento de nuestra existencia, sobre todo ahora que vivimos tanto. Pero la dependencia no está sólo vinculada a la edad, en nuestro país un 6% de las personas dependientes son menores de edad. En total estamos hablando de 1.100.000 personas dentro del sistema de dependencia en España, de ellas 13.500 en Navarra.

La provisión de esos cuidados, que sean accesibles a todas las personas, que sean de calidad, que permitan a cada persona decidir cómo y dónde desea ser cuidada, es una responsabilidad de las administraciones públicas. Así se estableció en la Ley de Dependencia aprobada en 2006 por el Gobierno de Zapatero, en la que el compromiso económico se reparte entre el gobierno central, las autonomías y las propias personas usuarias.

Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de proporcionar una red de atención que suministre unos cuidados de calidad ajustados a las necesidades de cada persona, escuchando y permitiendo decidir el tipo de prestación o servicio que desea. Por eso es tan importante el Plan de Choque de Dependencia aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero, con un amplio apoyo y fruto también del diálogo con los interlocutores sociales. Constituye seguramente el hito más importante en nuestro país desde la aprobación de la Ley y recupera el espíritu de la misma.

La medida más relevante consiste en aumentar la financiación, con una inyección de 3.600 millones de euros hasta 2024, orientada fundamentalmente a reducir las listas de espera de la dependencia y mejorar los servicios y prestaciones para las personas dependientes.

En Navarra este aumento de financiación se traducirá en 2021 en un incremento de 9 millones, hasta completar los 24,4. Una subida de un 60% respecto a 2020, de la que se beneficiarán las 13.500 personas que en este momento son atendidas dentro del sistema de dependencia en nuestra Comunidad y que reciben del orden de 17.500 prestaciones al ser algunas compatibles entre sí.

El Plan incluye afrontar algunos retos importantes en el futuro próximo. Navarra se encuentra en una buena posición para encarar la reducción de la lista de espera, puesto que somos una de las Comunidades con menor tiempo de tramitación de la valoración de dependencia, aun así existe un margen de mejora.

También hemos hecho avances en lo que respecta a la figura del asistente personal. El Plan establece que, a lo largo de este año 2021, se regulará esta figura, al mismo tiempo que se abordará la posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, que en un porcentaje muy alto recae sobre las mujeres.

En Navarra nos hemos anticipado, incrementando para este año un 20% las ayudas para la contratación de cuidadoras profesionales, lo que, unido a la deducción del 100% de la cuota a la Seguridad Social de la persona contratada, supone una mejora en estas ayudas de entre un 44% y un 150% según los diferentes tramos de renta de las personas beneficiarias. En este momento son 962 las personas que tienen contratados cuidados profesionales, un 26% más que en un año.

Un desafío mayor nos plantea la medida que señala que a finales de 2022 todas las personas dependientes, con grado reconocido, que vivan en su domicilio tengan acceso al servicio de teleasistencia avanzada y gratuita. Supone para nuestra Comunidad la transformación del actual sistema, apostando por uno más avanzado tecnológicamente y que ofrezca más servicios y prestaciones que el actual, sin copago. La incorporaremos a nuestro ambicioso proyecto de modernización e innovación en materia social.

Se trata de un abanico de medidas que refuerzan y reconstruyen un sistema dañado durante años de recortes y de recuperación de derechos básicos.

Asociada a la crisis del 2008, los recortes económicos, la congelación del nivel mínimo de financiación y la supresión del acordado con cada Comunidad Autónoma, se sumaron otras limitaciones igual de importantes en la atención a las personas dependiente. Algunos todavía no han podido ser restablecidos, como el reconocimiento de la condición de dependiente a partir del momento de la solicitud y no desde el fin de la tramitación. Por no hablar del retraso que supuso la inclusión al sistema de dependencia de las personas dependientes moderadas. O la eliminación del Convenio Especial de la Seguridad Social para cuidadores y cuidadoras familiares, recuperado en 2019.

Se puede decir que este Plan de choque aprobado ahora recupera no sólo la financiación que nos permitirá mejorar la calidad de la atención a las personas, sino que también amplía el apoyo a las personas dependientes, impulsando una recuperación social y económica más justa.

El Plan supone una oportunidad para mejorar infraestructuras, pero también las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector. La calidad de la atención no puede estar desligada de la del empleo.

Y, finalmente, no olvidemos los efectos positivos colaterales que lleva asociados, como el impulso económico y la creación de empleo, que adquieren especial importancia a partir de la crisis provocada por la covid-19. Cuidar y cuidar bien es socialmente rentable. Será un buen ejercicio cuantificar las aportaciones de toda la inversión que se realiza en el sistema de atención a la dependencia a la actividad económica, el empleo y, finalmente, a la propia recaudación fiscal.

Las bases están sentadas y el Plan de choque supondrá el impulso necesario para caminar hacia la meta de mejorar la calidad de la atención a las personas dependientes. No sólo porque estemos obligados por Ley, fundamentalmente porque es un imperativo ético.

La autora es consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra