l 18 de junio de 2021 se cumplieron cuatro años de la aprobación de la Ley de Igualdad Social LGTBI+ de Navarra. A su favor votaron la mayoría de los partidos, salvo UPN, que se abstuvo, y el PP, que se opuso. Posteriormente, el 24 de junio de 2019 se aprobó el Plan de Acción para su desarrollo (2019-2022). Además, los grupos LGTBI+ se implicaron decididamente en la confección de la Ley.
Con todo, la ley no se ha desarrollado en absoluto, y las partidas destinadas hasta ahora en los presupuestos para la igualdad LGTBI+ han sido irrisorias. A lo largo de esta legislatura, a pesar de la creación de la Subdirección de Igualdad LGTBI+, ahora vacante, ésta ha tenido casi como única función apoyar con un poco de dinero los servicios ofrecidos por la asociación Kattalingorri, aunque estos servicios ya estaban financiados con anterioridad a la aprobación de la ley. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol.
La ley aborda todos los ámbitos de las diferentes administraciones de la Alta Navarra, pero la inmensa mayoría de puntos ni siquiera se han tocado. Por lo tanto, se puede decir que ésta es la ley con menor grado de cumplimiento entre las leyes de Navarra, récord verdaderamente difícil de batir. Aparte de apoyar a algunos grupos LGTBI+, la acción más reseñable hasta ahora ha sido llevar una exposición itinerante de pueblo en pueblo en furgoneta, inaugurada con gran fasto mediático por la presidenta Chivite en agosto de 2020.
La Ley consta de 66 artículos en total, 5 de los cuales son del ámbito educativo. Entre otros mandatos, se establece para el Departamento de Educación:
- Adoptará todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias dentro del sistema educativo basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, expresión de género o identidad sexual o de género.
- Los centros educativos públicos y privados deben velar por la concienciación y la prevención de la violencia por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género y articular mecanismos para detectar posibles situaciones de discriminación o exclusión de cualquier persona por las razones expresadas. Estos compromisos y procedimientos deben quedar expresados de manera explícita en los planes de coeducación de cada centro.
Es muy evidente que lo anterior no se cumple, máxime cuando desde la aprobación de la ley el número de aulas concertadas ha aumentado considerablemente en los centros privados católicos. En ellos, en general, no hay planes de coeducación, utilizan uniformes binarios y tienen como guía la doctrina católica. Recordemos que en la doctrina católica se enseña que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida y no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, por lo que no pueden recibir aprobación en ningún caso”. Además, se imparten dos sesiones semanales de religión católica, cuando en la mayoría de las comunidades autónomas del Estado español se da un única sesión.
En marzo el Departamento de Educación renovó todos los conciertos de Primaria con centros privados, entre ellos los del Opus Dei. El consejero Gimeno afirmó que en estos centros no habría segregación sexual o de género a partir de septiembre. Sin embargo, el portavoz de las citadas escuelas manifestó que seguirían segregando. Sabiendo que esta decisión vulnera cuatro leyes (la LOMLOE, la Ley Foral que regula la financiación de los centros concertados, la Ley Foral de igualdad entre mujeres y hombres y, por supuesto, la Ley Foral LGTBI+), ¿cómo la han aprobado?, ¿cómo no han esperado al fin de la segregación?
Es evidente que con la ley LGTBI+ pretendían conseguir una imagen progre para posteriormente guardarla en una estantería y utilizarla lo menos posible; que no fuera más que un barniz superficial. El único objetivo era convertir los discursos y luchas de los grupos LGTBI+ en una campaña de marketing, al mismo tiempo que se desvirtuaban sus reivindicaciones sin alterar lo más mínimo la LGTBIfobia de la sociedad y de las estructuras de poder. Hasta ahora han conseguido lo pretendido: continuar cómodamente en el gobierno, seguir en sus poltronas bajo cualquier pretexto, cueste lo que cueste. Por ello, no se merecen más que nuestro desprecio por no cumplir la ley, perpetuándola como la ley foral más florero.
Steilas
