as democracias constitucionales son plurales. En ellas conviven personas con distinta ideología, origen social, identidad, etcétera. Por tanto, la convivencia democrática requiere del diálogo permanente y el acuerdo para tratar de conciliar los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Las instituciones representativas y, especialmente, los parlamentos, son los lugares donde se produce el debate político, se negocia y se llegan a acuerdos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos.
En las relaciones laborales se produce un modelo similar. Trabajadores y empresarios tienen posiciones distintas y, por tanto, diferentes y legítimos intereses. Y la forma de conciliarlos es a través de la negociación colectiva cuyo resultado se plasma en los diversos convenios colectivos. Si bien corresponde a las Cortes Generales la regulación general de las relaciones laborales, esto es, la aprobación del estatuto de los trabajadores, en los estados sociales y democráticos se confiere un especial valor a que esta regulación cuente con el acuerdo de los agentes sociales. Todo ello al objeto de garantizar la aplicación afectiva de la normativa laboral, su estabilidad en el tiempo y, en definitiva, la paz social, tan necesaria para la recuperación económica. En otras palabras, las reformas estructurales que son realmente eficaces y que perduran en el tiempo son las que se consiguen realizar con el máximo consenso.
El hecho de que representantes de los trabajadores y empresarios hayan alcanzado un acuerdo para establecer una nueva reforma laboral del siglo XXI es un éxito colectivo que demuestra que es posible otra forma de hacer política y que es viable que la recuperación económica llegue a todos. Una reforma laboral ambiciosa, que cumple con el compromiso del PSOE porque mejora notablemente, recupera y amplia los derechos de las personas trabajadoras, ataja la temporalidad y la precariedad, y generará más y mejor empleo, cuestiones reconocidas abiertamente por la totalidad de partidos, a excepción del PP y VOX.
Una reforma laboral que representa a la mayoría de las y los españoles porque se ha fraguado en el parámetro del diálogo y el consenso. Un marco bien diferente frente a la anterior reforma laboral del año 2012. Una reforma impuesta por el ejecutivo de Rajoy, apoyada por UPN, que ni siquiera contó con la participación de los agentes sociales. Reforma donde se empeoraron las condiciones de trabajo y se recortaron los salarios los trabajadores, creando un mercado laboral absolutamente precario, adoleciendo de una humillante temporalidad de los contratos, que han afectado a los colectivos más vulnerables, especialmente a mujeres y jóvenes.
Hoy nos encontramos ante una reforma laboral dialogada, pactada, acordada, consensuada, en la que todas las partes hemos tenido que ceder para llegar al acuerdo, pero precisamente esa es la base de los acuerdos. Ceder para acercar posturas. En síntesis, la nueva reforma laboral devuelve derechos a los trabajadores. Pretende acabar con la precariedad y el desempleo, fomentando el contratado indefinido, limitando la contratación temporal. Además, coloca a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones a la hora realizar la negociación de las condiciones de trabajo, se recupera la ultraactividad y la prevalencia de los convenios sectoriales en materia salarial, entre otras mejoras. En definitiva, apuesta por la dignificación de las condiciones de trabajo. Además, cumple con el requerimiento de la Comisión Europea para hacer efectiva la transferencia de los fondos Next Generation.
Este acuerdo deberá ser validado en el Congreso de los Diputados. En este sentido, los socialistas solo consideramos el prisma de la responsabilidad en el ejercicio de la política. Nuestro cometido es hablar, escuchar y consensuar, cediendo para hacer que la sociedad avance hacia el progreso.
Por eso, hacemos un llamamiento al resto de formaciones políticas para que voten favorablemente a una reforma laboral pactada por los agentes sociales y que recupera derechos para los trabajadores. Si finalmente optan por no apoyar este acuerdo, sería legítimo preguntar qué intereses defiende quien no es capaz de defender los intereses acordados entre empresarios y trabajadores, que sin duda mejora la calidad del empleo. Sería decepcionante encontrar fuerzas políticas que prefieran no convalidar este acuerdo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que supone el avance en derechos laborales. No convalidar este acuerdo es perpetuar los recortes y las políticas precarias de Mariano Rajoy.
*Los autores son: senador por Navarra y parlamentaria foral de Navarra, respectivamente
