na de las principales enseñanzas que podemos extraer de la grave crisis económica y social que ha provocado la pandemia en todo el mundo, ha sido la importancia de contar con buenos sistemas de protección social para no abandonar a su suerte a las personas y familias ante una caída brusca en la actividad económica y del empleo. Las políticas de austeridad, con los recortes de gasto social en educación, sanidad, servicios sociales y empleo, durante la última crisis financiera y económica de la última década, actuaron como señalaba recientemente el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, "como un poderoso disolvente de la cohesión interna y también del vínculo emocional con la UE". Además, numerosos estudios nos revelan lo importante que es contar con un sistema político en el que haya un compromiso firme entre aquellos a los que les va bien con aquellos otros que, al no tener oportunidades, se encuentran en una situación de fragilidad y corren el riesgo de quedarse varados en la pobreza y el desempleo, sin poder llevar una vida digna.

Si analizamos los principales datos del mercado de trabajo durante la pandemia, podemos ser conscientes de la importancia de lo que estamos diciendo.

Allá por febrero de 2020, Navarra contaba con algo más de 30.000 personas en desempleo. De ellas, únicamente en torno a la mitad recibían algún tipo de prestación por desempleo, sea contributiva o no contributiva. Era un momento en el que Navarra lideraba las tasas de crecimiento económico y del empleo y, por tanto, con una tasa de paro decreciente.

Sin embargo, y debido a las medidas de confinamiento necesarias para frenar el primer gran impacto sanitario y vital de la pandemia, Navarra llegó a contar en los primeros meses de la misma con hasta 60.000 personas afectadas por ERTEs, y 50.000 percibiendo algún tipo de prestación por desempleo o ERTE. Es decir, en esos primeros meses, gracias a las medidas de protección social como los ERTEs y otras, se logró proteger el empleo de casi el doble de personas de las que estaban en desempleo en esas fechas, y se triplicaron las cifras de personas percibiendo alguna prestación por desempleo y/o ERTE (debe tenerse en cuenta que las personas en ERTE, pese a no trabajar en ese momento, no constaban como desempleadas por seguir cotizando a la Seguridad Social).

Analizando estas cifras, no es difícil intuir el drama social que la ausencia de estos mecanismos de protección hubiera generado, y el número de empresas y de empleos que se hubieran destruido sin estas medidas especiales de protección social como los ERTE.

Para hacernos una idea del éxito de la medida, cabe recordar que poco más de un año después del inicio de la pandemia, terminamos 2021 con menos de 1.000 trabajadores en ERTE, y casi 6.000 personas más trabajando en Navarra que antes de la pandemia. Como puede verse, los ERTEs fueron clave para que las empresas, una vez que se iba recuperando la actividad normalizada, contaran con su propio personal experimentado y pudieran por tanto recuperarse con mayor facilidad.

Lógicamente con cifras muy inferiores, pero sin duda importantes pues se trata de las personas y familias más vulnerables y con más dificultades para el empleo, podemos decir que la Renta Garantizada, a la que se ha unido el Ingreso Mínimo Vital como refuerzo en la protección social, han jugado también un papel central durante la pandemia para proteger a las familias en desempleo o con empleos precarios, a la par que han incentivado la inserción laboral de las mismas.

En cifras redondas, si como consecuencia de la pandemia la renta garantizada creció en 2.000 unidades familiares, fundamentalmente aquellas que trabajaban en sectores informales o más precarios sin acceso a los ERTEs o con ingresos salariales inferiores a la RG, al acabar 2021 este incremento se había reducido a la mitad.

Profundizando en las cifras, cabe resaltar que las personas perceptoras de renta garantizada en Navarra suscribieron un 40% más de contratos de trabajo en 2021, hasta alcanzar los 20.558 contratos. En esta misma línea de incremento del empleo, el conjunto de incentivos a la contratación que dispone la norma que regula la Renta Garantizada para potenciar la inserción laboral de este colectivo, creció en el año 2021 hasta los 5.222 incentivos, esto es, un crecimiento del 23,5% respecto a 2020.

Además, un total 6.774 personas en edad laboral perceptoras de renta garantizada han sido contratadas a lo largo de 2021, lo que supone que cerca del 50% de las personas en edad de trabajar y posibilidades de hacerlo, que eran perceptoras de renta garantizada, tuvieron algún empleo en el último año. Téngase en cuenta que, de las aproximadamente 20.000 personas en edad laboral, un tercio de las mismas no está en condiciones de trabajar, bien por carecer de permiso de trabajo por su situación irregular, o bien por tener algún tipo de dificultad añadida como enfermedades crónicas, discapacidad, situaciones de exclusión social severa, etcétera.

Con estas cifras, podemos sacar alguna conclusión. Contar con buenos sistemas de protección social ante el desempleo, no solo es una política básica para garantizar los derechos sociales más elementales de toda la ciudadanía a tener una vida digna. Además, si esta política básica se concibe con buenos mecanismos de protección e incentivos al empleo y un conjunto eficaz de políticas activas de empleo y de acompañamiento social, lejos de desincentivar como algunos señalan, logra proteger más y mejor el empleo, facilita la inserción laboral y social, contribuyendo al crecimiento económico y a la cohesión social de una sociedad. Los datos y la experiencia de esta pandemia son elocuentes a este respecto.

La autora es consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra