n mayo de 2018, Geroa Bai propuso modificar la Constitución en pro de una educación laica, sin la presencia de la enseñanza de una religión confesional en el sistema educativo. Para ello apostó, nada más y nada menos, por suprimir el Artículo 27.3 de la Constitución, que sostiene que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

La atrevida e insólita iniciativa de Geroa Bai surgió después de que EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra instaran a dicha formación y al Gobierno foral de entonces a "cumplir el acuerdo adoptado por el cuatripartito para la reducción de las horas de religión al mínimo legal", pues "los pactos están para cumplirse". Koldo Martínez dijo que "no era oportuno reducir las horas de religión", preguntándose "si se es más laico por apoyar reducir de dos horas a una la asignatura". Añadió la promesa de que "apoyaría todas las medidas que supongan la desaparición de la religión en la escuela".

Aclaremos. No se es ni más ni menos laico apoyando o reduciendo el número de horas dedicadas a la enseñanza de la religión en la escuela. La naturaleza de la propiedad de ser laico no deriva de ello. El mecanismo es más sencillo. Tanto que la mayoría de la ciudadanía, aunque lo ignore, es laica per se; no lo es, en cambio, la población que ha decidido ser sacerdote o, como suele decirse, vestir sotana o traje talar. Además, puede haber laicos que apoyen el aumento de ese horario y curas que no estén de acuerdo con tal medida, sino que, al contrario, aborrezcan la idea de mercadear con la religión en la escuela. Y en la viña del Señor puede haber laicos, ateos, agnósticos, deístas y creyentes. Ser laico no imprime ningún tipo de carácter existencial, ni bueno, ni malo.

En cambio, decir sí o no a ese aumento del horario para la enseñanza de la religión sí depende de nuestra ideología, perdón, de nuestro pensamiento político. Porque lo que se discute aquí es, sí, una cuestión laboral pero, sobre todo, política, relacionada con el Estado aconfesional en el que vivimos o, por lo menos, eso es lo que dictamina la Constitución.

Por tanto, se puede deducir que, quienes apoyan "todas las medidas que supongan un avance en la desaparición de la religión en la escuela" y votan en los parlamentos para que la jornada laboral del profesorado de religión aumente en una o dos horas, o no se aclaran o no están siendo sinceros, además de no respetar el contenido y los efectos colaterales del artículo 16.3. de la Constitución: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal" (16.3). Porque, si es así, no tiene sentido alguno entronizar en la escuela la enseñanza de una religión si el Estado asegura no confesar ninguna. Si lo permite lo único que hace es tirar piedras contra su propio tejado y minar su moral de Estado de Derecho.

Han pasado ya cuatro años de aquellas declaraciones de Geroa Bai y parece que no hay cambios en Geroa Bai. Como es sabido, en marzo de 2022, tras la negativa del Departamento de Educación, regido por el PSOE, a aumentar las horas lectivas en la enseñanza de la religión, los del futuro se han sumado y nunca mejor dicho, a Navarra Suma defendiendo el trámite de aprobar una ley foral que garantice sea como sea, siempre dentro del marco estrecho de la legalidad, en este caso de la cacofónica LOMLOE, el trabajo de este profesorado en el sistema educativo.

Si Geroa Bai ve en su actitud una medida ideal para avanzar progresivamente en la desaparición de la religión en la escuela, la verdad es que hay que pensarlo mucho para verla. Porque el efecto producido es el contrario.

Lo llamativo es que, en el summum de su clarividencia, en 2018, Geroa Bai pedía la supresión del artículo 27.3. Y hacía muy bien, toda vez que ese artículo, no solo es un cúmulo de malentendidos e interpretaciones, sino frontal contradicción con un Estado aconfesional. No se entiende que un Estado aconfesional tenga que garantizar la formación religiosa y moral del ciudadano. En realidad, la Constitución no lo exige. Se limita a garantizar el derecho de los padres, pero nada más, dejando en sus manos dicha tarea y en quienes deleguen y paguen dicha formación como Dios manda y el obispo ordene. La Constitución no afirma que el Estado se comprometa a dar un euro a los padres para sufragar ese adoctrinamiento religioso y moral de sus hijos, ni de que tal formación se haga en locales públicos de la administración de un Estado aconfesional. A pesar de ello, el Estado, incumple vergonzosamente sus propios principios, porque es incapaz de liberarse de los acuerdos de un concordato de naturaleza fascista.

Sin duda alguna, la situación laboral de este profesorado no hay por dónde pillarla. La culpa y responsabilidad de este desaguisado contractual la tiene el Estado, la Administración educativa foral y la Iglesia católica, pero nada de esto sucedería si no existiese el referido Concordato. Lo sabe muy bien María Solana cuando animaba al PSOE a que "termine de eliminar el concordato con el Vaticano" y solucionar de raíz este embrollo. Sería lo "más coherente", remató María Solana.

Seguro que lo es. Pero la palabra coherencia en boca de la portavoz de Geroa Bai no es la más pertinente. Actuar contra los pactos de "tu propio gobierno" no es una acción "coherente". Tampoco lo es votar con Navarra Suma a favor de alargar el horario del profesorado de religión.

Sinceramente, dudamos que todos estos "actos de habla" o "actividades" sean el modo más eficaz y coherente de terminar con la enseñanza de la religión en la escuela, tal y como se comprometía a hacer Geroa Bai en 2018. Más bien parecen estrategias de quienes desean que este sistema, incompatible con el Estado aconfesional, siga sine die. Entendemos, por tanto, que, mientras no se consiga cortar de cuajo ese nudo gordiano del Concordato, lo más razonable sería tomar medidas, aunque sean de corto alcance, que de algún modo minen la enseñanza de la religión en la escuela y en cualquier institución pública, lo mismo que su simbología.

Firman este artículo: Víctor Moreno, José Ramón Urtasun, Clemente Bernad, Carolina Martínez, Jesús Arbizu, Carlos Martínez, Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort