Ante la crisis económica, en la que estamos inmersos, fruto de la llamada globalización neoliberal, cuyo único objetivo es la obtención de la mayor cantidad de beneficios económicos, en el menor tiempo posible, y sin ningún miramiento de solidaridad. El Partido Carlista, considera oportuno, expresar su opinión sobre los diferentes posicionamientos que se han producido, con el fin de solucionar la situación y plantear soluciones. Posturas que en su mayoría no compartimos, pues se quiere hacer recaer el peso de la crisis, como siempre sobre los más débiles, como son los colectivos de trabajadores y pensionistas.
Asimismo, no nos queremos quedar en la crítica de las propuestas planteadas, y presentamos alternativas a las mismas, que consideramos más coherentes y justas socialmente hablando, con el fin de resolver el problema planteado.
En el momento actual, la inflación interanual, está situada en un 10,2%, y por desgracia con tendencia a aumentar, ante lo cual, la patronal empresarial, las propias entidades financieras, y algunos partidos de la derecha tradicional plantean:
En relación con los trabajadores:
Pacto de rentas. Lo que, dicho con otras palabras, significa congelación de salarios a los trabajadores, con el fin de que las empresas, puedan mantener el mismo margen de beneficios que en 2021, eso sí, comprometiéndose a mantener estable, el precio de su producción, pero sin ningún compromiso en el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Ante esta propuesta, que creemos delirante y propia del sistema liberal-capitalista en el que estamos inmersos.
Consideramos, que lo único que se consigue es seguir empobreciendo al asalariado, situación que se agravaría con el aumento del Euribor en el pago de hipotecas.
No hemos de olvidar que el trabajador es a su vez consumidor, por lo que, si disminuye su poder adquisitivo, no podrá acceder a la oferta, lo que nos llevaría a corto y medio plazo, al cierre empresarial, con el consiguiente aumento del desempleo.
Creemos firmemente, que lo que sería necesario y fundamental, es limitar el beneficio empresarial, así como el dividendo a repartir entre los accionistas.
Es digno de reseñar, que España es de los países europeos, más generosos en el pago de dividendos, y que 2021 fue considerado un ejercicio extraordinario en este aspecto.
Con esta limitación de los beneficios empresariales (no hablamos de pérdidas, no confundamos), se favorecería la limitación del precio de los productos, y la accesibilidad a ellos por parte de los ciudadanos en general, para su consumo.
Es conveniente recordar que en la crisis de 2008 los grandes perjudicados fueron los asalariados y los pensionistas, y que para mayor desgracia el Estado español, tuvo que rescatar a las entidades financieras (la banca), con un costo del 10% del PIB, deuda que todavía estamos pagando.
Igualmente, consideramos necesario, en aras de la recuperación y trasparencia democrática, que todos los partidos políticos, representados en el ámbito estatal (Congreso y Senado), en el ámbito autonómico (Parlamentos respectivos), y en los Municipios, presenten anualmente, situación de estado de la deuda que puedan mantener con las entidades financieras mencionadas anteriormente.
En relación con los pensionistas.
Desde diferentes estamentos, se oyen voces, indicando que el Sistema Público de Pensiones, es insostenible, y que el incremento de dichas pensiones, adaptándolo al IPC, desequilibraría el saldo ya de por sí negativo, entre cotizaciones y prestaciones.
Ante estas manifestaciones, queremos hacer una serie de precisiones:
A) ¿Dónde está legislado que las pensiones se han de cubrir con las cotizaciones de los trabajadores en activo?
Según la Ley de Bases de la Seguridad Social, de 1963, se establecía un sistema Público de Reparto, basado en el principio de la solidaridad, para cuyo mantenimiento se utilizarían las cuotas abonadas de los trabajadores en activo (cuota patronal y cuota obrera), así como de los impuestos, que se tuvieran que crear al efecto.
Durante muchos años, la diferencia entre aportaciones y percepciones dio un saldo positivo, aunque ese sobrante se empleó en otros conceptos, que no tenían nada que ver con su real objetivo.
Es de destacar, que los impuestos que se pagaban en los años 60 cuotas de beneficios, tráfico de empresas, etc. generaban confusión y desorden, y la recaudación muy deficiente, por no contar que las declaraciones del IRPF comenzaron a funcionar a mediados de los 80 con cierta regularidad.
Con ello queremos indicar que donde ahora hay déficit, anteriormente hubo sobrante, y éste no se empleó para fortalecer y asegurar el sistema de pensiones.
B) Otra causa que se alega para justificar la insostenibilidad del sistema (en realidad promocionado esencialmente por las entidades financieras, que, en su afán depredador, propio del más exacerbado capitalismo, pretenden adjudicarse un sistema de pensiones, que naturalmente tendría carácter privado).
Esa causa sería como indicábamos, anteriormente, el desplome de la tasa de reposición, vamos, la tasa de natalidad, que algunos atribuyen a causas pseudorreligiosas (aprobación ley del divorcio, ley del aborto, etc.). Causas que, sin negarlas, consideramos que existen otras de mayor peso, a saber:
1) La despreocupación de los sucesivos gobiernos en el tema de natalidad, a diferencia de otros países europeos que, si la fomentaron, mediante ayudas, subvenciones, etc.
Valga como ejemplo, que mientras en Francia, en el lapsus de los 10 últimos años la natalidad disminuyó un 11,63%, en España lo hizo un 30,28%.
2) La propia inseguridad de los ciudadanos sobre el futuro.
La misma esencia del liberalismo capitalista ha provocado una gran inseguridad en el trabajo, en la calle, y en todos los ámbitos de la vida, a todo lo cual no es ajena, la corrupción imperante.
No obstante, lo manifestado anteriormente, creemos que existen soluciones, que se han de afrontar con valentía y resolución.
Alternativa.
Es un hecho que en los últimos 30 años se ha producido una auténtica revolución tecnológica y robótica. Partiendo de la base, de que la tecnología ha de estar al servicio del ser humano y no al revés. Estamos comprobando que en muchos casos los trabajadores están siendo sustituidos por robots, que son más eficientes y desarrollan más actividad, lo que provoca despidos y el consiguiente aumento de paro, (sí que es cierto, que la propia tecnología ha creado nuevos puestos de trabajo, que difícilmente pueden compensar las pérdidas).Consideramos necesario el avance tecnológico, pero consideramos, que la máquina que sustituye a un humano debería abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de la persona sustituida.
Lo más útil, será que pongamos un ejemplo práctico, en un tema tan controvertido, que evidentemente será visto por los empresarios como ruinoso para sus intereses., pero que no lo es.
Ejemplo: Actualmente, existen en España unos 20.000 cajeros automáticos, según estadísticas aceptada por la mayoría, cada cajero automático hace el trabajo de 2,8 trabajadores.
Calculando grosso modo, unos ingresos brutos anuales de 30.000 €, por trabajador (en realidad el salario bruto es mayor), y redondeando a la baja, la empresa (entidad financiera), tendría que pagar 20.000 € anuales por cajero, se ahorraría los salarios, incluidas pagas extraordinarias, formación profesional, cotizaciones desempleo, FOGASA, etc., independientemente de que un robot funciona más de ocho horas, y no se suele resfriar).
Es innegable que la robótica y las nuevas tecnologías seguirán un camino en el cual dejan y dejarán trabajadores en el paro por fuerza mayor. Esta situación hay que superarla con un impuesto especial y proporcional a los puestos de trabajo que se han destruido. Como hemos indicado al existir 20.000 cajeros, el coste sería en total de 400 millones de euros.
En 2021, solamente el beneficio de los 5 grandes Bancos ascendió a más de 20.000 millones de euros, sin contar un rosario de entidades (Unicaja, Ibercaja, Evo, Medolanum, Pichincha, etc.).
Como se verá el coste de cotizaciones del robot es mínimo.
Sabemos que es una medida difícil de implementar, pero que en un futuro próximo habrá que plantearse, y que es un hecho evidente que esta robotización progresiva, afecta tanto a la industria, servicios, agricultura, medicina, enseñanza, etc.
Está claro que, con esos ingresos, el sistema, sería totalmente saneado, y habría excedente para una política ecológica, renovable, y de reparación del daño causado a la naturaleza.
Conclusión. Consideramos que al pensionista se le ha de adecuar la pensión, con el IPC, que corresponda a cada año, a fin de evitar la pérdida de poder adquisitivo; asimismo, consideramos que esa actualización, ha de ser definitiva, y no al vaivén de intenciones de los partidos políticos.
Ni se puede mantener la inseguridad del pensionista, ya que ello representa un perjuicio para todos.
*El autor es secretario general federal del Partido Carlista
