En los últimos tiempos estamos asistiendo a una paulatina y creciente tendencia en la que cualquier decisión tomada desde la política se supedita, según convenga, a una supuesta seguridad jurídica superior. Ocurre cada vez más a menudo, que cuando se aprueba una norma, ley, decreto o resolución, que emana de la representación democrática de la sociedad, a la hora de llevarla a efecto si dicha decisión puede tener cierto impacto sobre según que lobbys o grupos de presión, se utilice el escudo o el comodín de una inseguridad legal en su aplicación.
En el caso del concierto con los colegios que segregan al alumnado por sexo en Navarra, como es el caso de Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, aunque la normatva vigente (LOMLOE) especifica que los centros sostenidos con fondos públicos deben garantizar las aulas mixtas, el consejero de Educación alega que los conciertos de Secundaria con estos centros están en vigor al ser previos a dicha ley. Es decir, se permite infringir la ley puesto que se adecua a una anterior, aunque la renovación de ese concierto se dé ya con la normativa nueva vigente.
Además, hay que tener en cuenta que según una encuesta publicada recientemente, el 90% de los centros privados sostenidos con fondos públicos cobran cuotas a las familias. Es decir, el Gobierno foral, además de permitir el incumplimiento de lo que dicta la ley sobre la segregación del alumnado por razón de sexo, también hace oídos sordos ante el cobro de cuotas que la propia LOMLOE prohíbe expresamente y es uno de los principales factores causantes de la segregación escolar por razones socioeconómicas. Parece que este modelo les resulta rentable tanto a las patronales como al Gobierno.
Eso sí, como dice la principal patronal de la enseñanza concertada, Escuelas Católicas, consideran estos datos como parte de una “campaña de desprestigio” contra su modelo educativo. “Nos oponemos a la existencia de cualquier cuota obligatoria por la impartición de la enseñanza objeto de concierto”, ha dicho Escuelas Católicas, que diferencia “las aportaciones voluntarias que puedan recibir algunos centros de padres, exalumnos, benefactores, etcétera [...], perfectamente legales, por su carácter voluntario y estar destinadas a un fin de interés general, como es la enseñanza”. En este caso se sortea la legalidad camuflando de voluntariedad algo que se sabe obligatorio en esos centros.
En otras ocasiones, en cambio, cuando la determinación del Gobierno es clara sobre algún tipo de decisión política, es capaz de buscar cualquier soporte legal para llevarla a cabo, y si no existe, se pone toda la carne en el asador para crearlo. Si la convicción ideológica es firme, no se titubea, se construye la estructura necesaria para cubrir de toda la maquinaria necesaria dicha decisión, blindándola jurídicamente.
Desde ELA siempre instamos al Gobierno de Navarra a que haga uso del autogobierno y apueste por la soberanía legislativa a fin de mejorar las condiciones de vida de los y las navarras. Sin embargo, lamentamos que las escasas veces que el Gobierno ha mostrado el arrojo suficiente como para generar un conflicto de competencias, no lo ha hecho precisamente a favor de la ciudadanía navarra. En concreto tenemos el reciente ejemplo de Educación, que creó un cuerpo nuevo de docentes para perpetuar el modelo PAI. La inseguridad jurídica en este caso no fue óbice para exigir una lengua extranjera como requisito en plazas de docente generalista, a pesar de que contraviene lo recogido en la norma estatal. Parece que cuando hay convicción ideológica, como la de querer frenar la extensión de modelos de aprendizaje de euskera –que es para lo que se inventó el PAI– , la seguridad jurídica se torna un elemento más difuso y más discutible.
Queda por tanto demostrado que cuando el Gobierno tiene la determinación de llevar a cabo alguna decisión política lo hace, y si el sustento jurídico es dudoso lo arma. Por tanto, señoras y señores gobernantes, hágannos el favor de ser valientes y transparentes. Dejen de intentar hacer creer a la sociedad que tienen una determinada ideología pero que a veces las leyes no les permiten ir más allá.
Si no toman ciertas decisiones es porque no quieren, o más bien no se atreven a actuar contra ciertos grupos de poder, ya que cuando tienen un interés político real y se sienten con el apoyo de esos mismo grupos, derrochan valentía para construir su trinchera con el sustento legal necesario.
El autor es profesor y militante de ELA Hezkuntza
