La inmigración no colapsa la sanidad

Durante años se ha extendido la idea de que la población inmigrante colapsa el sistema sanitario. Sin embargo, los datos muestran una realidad distinta. La evidencia científica disponible en España apunta, de forma consistente, en la dirección contraria.

Un trabajo destacado realizado en Aragón por Luis Andrés Gimeno-Feliu y su equipo, basado en más de 120.000 consultas, encontró una menor frecuentación ajustada por edad en la población inmigrante: en adultos, 4,7 visitas anuales frente a 2,8; en niños, 7,1 frente a 4,8.

Este patrón no es aislado. Revisiones sistemáticas publicadas en revistas como Gaceta Sanitaria, que analizan múltiples estudios en España y otros países, confirman que el uso de Atención Primaria es similar o menor en inmigrantes, y claramente inferior en atención especializada y hospitalaria.

Los datos más recientes refuerzan esta tendencia. Un estudio publicado en 2025 en la Revista Clínica de Medicina de Familia muestra que, incluso comparando personas con igual nivel socioeconómico, los inmigrantes acuden menos al médico de familia: 78,4% frente a 82,9% en la población autóctona.

Menos consultas incluso comparando por edad

Una explicación habitual es que la población inmigrante es más joven y, por tanto, necesita menos atención sanitaria. Aunque la edad influye, no lo explica todo. Al comparar grupos equivalentes, la diferencia persiste. Según la Encuesta Nacional de Salud, en las últimas cuatro semanas consultaron el 25% de los españoles de 15 a 44 años frente a alrededor del 17% de los extranjeros; entre 45 y 64 años, el 34,5% frente al 26%.

El estudio de Atención Primaria de Navarra (APNA), basado en consultas reales de medicina de familia en toda la población, muestra mayor frecuentación en población autóctona en niños y personas mayores; en adultos jóvenes las diferencias se reducen, pero en edades avanzadas vuelven a ampliarse. Por ejemplo, a partir de los 75 años, los españoles acuden claramente más. En conjunto, no hay evidencia de un mayor uso sanitario por parte de la población inmigrante. Entre las causas de esta menor utilización destacan varios factores. Por un lado, el llamado efecto inmigrante sano: las personas que emigran suelen ser más jóvenes y presentar mejor estado de salud. Por otro, persisten barreras de acceso como el idioma, la precariedad laboral –que dificulta acudir a consulta– o el temor a consecuencias administrativas. Todo ello contribuye a un menor uso del sistema sanitario, lo que no indica menor necesidad, sino mayores dificultades de acceso.

¿Y los hospitales? Más partos, pero menos uso global

El mayor número de partos en mujeres extranjeras suele citarse como prueba de un sobrecoste, y es cierto que en algunos hospitales representan una parte importante de los ingresos. Sin embargo, se explica por su menor edad y mayor fecundidad. Al ajustar por edad, tipo de enfermedad y gravedad, el resultado cambia: el uso global de recursos hospitalarios por parte de la población inmigrante es menor, hasta un 10% inferior respecto a la población autóctona.

El origen del mito: lo que vemos… y lo que no vemos.

La persistencia de esta idea se explica en parte por cómo funciona nuestra percepción. Tendemos a fijarnos en lo visible e ignorar lo que no vemos. Es un fenómeno cotidiano: quien está embarazada percibe más embarazos; quien usa muletas, más personas con muletas. No hay más casos, sino una mayor atención hacia ellos.

En sanidad ocurre algo similar. Los profesionales ven a pacientes inmigrantes y pueden percibir que son muchos. Sin embargo, hay una parte invisible: las personas inmigrantes que no acuden al sistema sanitario. Y los datos indican que ese grupo es proporcionalmente mayor que en la población española, lo que distorsiona la percepción.

Un sistema que se financia entre todos

A este debate se añade un aspecto clave que a menudo se pasa por alto. El sistema sanitario español es universal y se financia con impuestos, no como un seguro individual o de Seguridad Social basado en cotizaciones.

Su sostenibilidad depende del conjunto de la población que trabaja y paga impuestos, no solo de quién utiliza los servicios. En este contexto, la regularización de la población inmigrante permite aflorar empleo y actividad económica antes sumergida, mejora sus condiciones de vida y aumenta su contribución fiscal. Así, personas que ya viven y trabajan en el país pasan a sostener formalmente el sistema. El debate, por tanto, no debería centrarse en quién usa más la sanidad, sino en garantizar que todos puedan contribuir plenamente a su sostenimiento.

El debate público y la responsabilidad política

Conviene analizar cómo se construye el debate público. En los últimos años, algunos discursos han insistido en que la inmigración pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario, un argumento eficaz porque conecta con preocupaciones como el acceso o las listas de espera. Sin embargo, no se sostiene con la evidencia.

En una sociedad democrática, las percepciones erróneas pueden ser comprensibles en la ciudadanía, pero no en quienes tienen responsabilidades públicas y acceso a información rigurosa. No es lo mismo equivocarse que sostener una mentira.

Por ello, el debate debería centrarse en explicar qué ocurre realmente: cómo se utilizan los servicios, qué factores afectan a su sostenibilidad y qué medidas pueden mejorar el acceso y la eficiencia. Cuando se difunden mensajes alejados de los datos, no solo se desinforma, sino que se favorecen decisiones basadas en diagnósticos equivocados.

Una conclusión clara

La evidencia en España es consistente: la población inmigrante no utiliza más la sanidad pública; en muchos casos, la utiliza menos, incluso comparando por edad y nivel socioeconómico. Lejos de colapsar el sistema, los datos señalan otro problema: la inequidad en el acceso, con el consiguiente riesgo de que personas con necesidades de atención sanitaria queden sin la asistencia adecuada. En un debate tan sensible, conviene volver a lo esencial: los datos, que desmontan uno de los bulos más persistentes sobre sanidad e inmigración.

El autor es médico especialista en Médico de Familia, médico especialista en Medicina Interna y Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria