Papa León XIV e inmatriculaciones de la Iglesia católica

Las entidades que suscriben este comunicado partimos del principio de que los bienes destinados al servicio religioso, de la comunidad y del bien común no pueden convertirse en objeto de apropiación patrimonial, acumulación inmobiliaria o enriquecimiento particular. En el Estado español, durante décadas, la jerarquía de la Iglesia Católica ha actuado en sentido contrario a esos principios. Aprovechándose de un privilegio hipotecario nacido en el marco del nacionalcatolicismo franquista, pudo inscribir a su nombre miles de bienes inmuebles sin aportar título de propiedad, mediante una simple certificación expedida por el propio obispo. Mientras que la ciudadanía o entidad debía acreditar documentalmente su derecho, la Iglesia fue situada en una posición excepcional, como si pudiera otorgarse fe pública a sí misma.

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma ha denunciado reiteradamente que ese privilegio, originado en la legislación hipotecaria de 1946, fue ampliado en 1998 y permaneció vigente hasta 2015.

El resultado ha sido una de las mayores operaciones de apropiación patrimonial de la historia reciente. Los bienes inmatriculados por la Iglesia católica incluyen lugares de culto, pero en su mayoría son fincas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento, frontones y otros inmuebles.

Hablamos de bienes comunales y elementos esenciales del patrimonio histórico y cultural de pueblos y ciudades. Bienes construidos, mantenidos y restaurados con el esfuerzo de generaciones enteras y, en muchos casos, con fondos públicos, han pasado a figurar registralmente como propiedad privada de diócesis, parroquias y otras entidades eclesiásticas.

Esta situación resulta especialmente grave porque ha invertido la carga de la prueba. Quien se benefició del privilegio no tuvo que demostrar que el bien era suyo; ahora, en cambio, son los ayuntamientos, las administraciones públicas y las comunidades afectadas quienes deben afrontar costosos procedimientos judiciales para demostrar que aquello que siempre fue común no debió ser inscrito como propiedad privada.

Por ello, le pedimos que contemple esta cuestión no solo como un conflicto administrativo o registral, sino como un problema moral de primer orden.

La Iglesia católica no puede proclamar la pobreza evangélica, la función social de los bienes, la solidaridad y la justicia mientras mantiene en su patrimonio bienes cuya titularidad no ha acreditado de manera suficiente. No puede hablar de servicio mientras conserva como propiedad aquello que debería custodiar. No puede denunciar la acumulación de riqueza y, al mismo tiempo, beneficiarse de una acumulación inmobiliaria obtenida mediante un privilegio incompatible con la igualdad, la transparencia y el respeto al bien común.

Los bienes no deben administrarse desde el egoísmo ni desde la acumulación, sino desde la justicia, la responsabilidad y la fraternidad.

Por todo ello, solicitamos su intervención ante la Conferencia Episcopal Española y ante sus diócesis para que la Iglesia católica:

1. Reconozca públicamente la injusticia del privilegio hipotecario del que se benefició.
2. Devuelva voluntariamente aquellos bienes cuya adquisición legítima no pueda acreditar mediante título material suficiente.
3. Colabore activamente con las administraciones públicas y con las comunidades locales para restituir al patrimonio común los bienes indebidamente apropiados.
4. Renuncie expresamente a defender como propiedad privada aquello que solo debería conservar en régimen de custodia, uso religioso o servicio comunitario.

No le pedimos un gesto simbólico. Le pedimos un acto de justicia.

La devolución de los bienes indebidamente inmatriculados constituiría una señal histórica de coherencia evangélica, reparación democrática y respeto al pueblo. Sería, además, una forma concreta de demostrar que la Iglesia no quiere acumular patrimonio, sino servir; que no pretende poseer lo que es común, sino custodiarlo; que no desea actuar como propietaria privilegiada, sino como comunidad al servicio de la justicia. Este comunicado está abierto a todas aquellas personas y entidades que se quieran sumar, entre ellas:

Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma Elkartea, Colectivo Republicano de Euskal Herria/Euskalerriaren Irrepublikaleen Kolektiboa, LAB/Euskal Sindikalismo Eraldatzailea, Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa, Izquierda Unida de Navarra, Podemos Navarra, Batzarre, Colectivo de Personas Independientes de Navarra, Sasoia y Junta de Irzarra Elkartea