Vizcay implicó a Izco en el amaño de partidos

PAMPLONA - El exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, cantó la traviata ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Según la querella presentada en Pamplona por el organismo que preside Javier Tebas, a la que la Cadena Ser han tenido acceso y difundió anoche en el programa El Larguero, el exgerente rojillo implicó también al expresidente de Osasuna Patxi Izco en otros amaños de partidos anteriores a los que ya se conocía que se investigaban.

En total, Vizcay confesó hasta una veintena de presuntas operaciones irregulares para amañar partidos y manifestó que en la época de Izco (antes de 2012) no era el propio Vizcay el que retiraba el dinero para los arreglos de encuentros, sino que era el anterior director financiero del club, José Gómez, el que lo hacía. Luego Vizcay le tomó el relevo y era el que sacaba la pasta, o al menos eso declaró ante la LFP. Precisamente Izco está citado hoy, al igual que el que fuera su directivo Juan Pascual, para dar explicaciones ante la Policía. De la época de Izco data también la salida de 76.000 euros a un agente de futbolistas anónimo.

Vizcay, 24 años gerente del club rojillo, fue uno de los detenidos ayer por agentes de la Policía Nacional junto al expresidente de Osasuna desde 2012 a junio de 2014, Miguel Archanco, así como al que fuera su directivo Jesús María Peralta Gracia. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ordenó sus arrestos tras apreciar la existencia de indicios incriminatorios contra ellos sobre las supuestas actuaciones delictivas cometidas durante su gestión al frente de la entidad rojilla relacionadas con la salida de 2,4 millones de euros del club destinados supuestamente a amañar diversos partidos. Los tres pasarán hoy a disposición judicial después de permanecer durante el día de ayer en dependencias policiales, y tras pasar la noche en los calabozos.

Los tres arrestos fueron llevados a cabo a primera hora de la mañana y cada uno de los tres exdirectivos acudió a comisaría en sendos coches policiales en donde se transportaba también abundante documentación e incluso algún equipo informático intervenido por los investigadores. Anteriormente habían asistido a los registros que se llevaron a cabo en sus domicilios en busca de evidencias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados por la actual junta directiva. Los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial recopilaron documentación en formato físico y digital para su posterior análisis.

Las detenciones de Archanco, Peralta y Vizcay impulsaron ayer otras diligencias de investigación y a lo largo del día los agentes del Grupo de Investigación de Delitos Económicos también tomaron declaración a diversas personas vinculadas con los que fueran cabeza visible de la junta directiva. Entre ellos, el exdirectivo José Manuel Purroy, la sobrina de Miguel Archanco y actual empleada del club, Ainhoa Janín, y el actual director deportivo del club, Pedrag Vasiljevic, que acudieron en calidad de testigo a las dependencisa de la calle General Chinchilla a lo largo de la tarde.

indicios en incriminatorios A la denuncia presentada por la actual junta rojilla, que abrió el cauce judicial, respaldada con la auditoría realizada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que descubría varias cantidades irregulares desviadas a agentes inmobiliarios, a una sociedad portuguesa y a un representante de futbolistas anónimo que no tenían justificación documental, hay que unir los archivos recabados por la Policía Nacional al acudir a la sede del club, así como las manifestaciones tomadas a diversos empleados de la entidad. Es decir, la investigación marcha a buen ritmo y ya hay pistas fiables sobre la mesa del juez.

El magistrado ya apuntó en su auto inicial a la comisión de tres presuntos delitos como el societario, falsedad documental y apropiación indebida por las salidas de dinero injustificadas que desaparecieron del club por 2,4 millones, cuando recibió el contenido de la denuncia de Osasuna, cabe añadir ahora el delito de corrupción entre particulares, al que hace referencia la querella de la Liga. El juez instructor, que decretó el secreto de sumario de las actuaciones hace días, interrogará hoy a los tres detenidos e individualizará los delitos que imputa a cada uno de ellos. No serán los únicos imputados.

Corrupción entre particulares. Los hechos que podrían ser constitutivos de esta infracción penal son los relativos al amaño de partidos que habría denunciado la Liga de Fútbol Profesional. El Código Penal establece que: “Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años”.

Apropiación indebida. La salida de 2,4 millones de euros sin destino real conocido es el hecho fáctico que podría determinar la comisión de este delito. El Código Penal establece que: “Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 400 euros. Serán castigados con las penas de prisión de un año a seis años cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros”.

Societario. El delito se habría cometido por la alteración de la contabilidad. El Código Penal establece que: “Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.