PAMPLONa - Al exauditor de Osasuna, Adolfo Suárez, le recordó la magistrada que como testigo tenía la obligación de decir la verdad, pero en el caso de que estuviera siendo investigado en alguna otra causa relacionada con Osasuna, podría no inculparse en sus respuestas. “Contestaré a todo”, respondió firme Suárez, aunque después se fuera desinflando en sus explicaciones.

El auditor, salvo que la Audiencia lo remedie, se sentará en el banquillo en la pieza B de Osasuna en la que se investiga la disposición de dinero del club a favor del presidente Patxi Izco. En el auto de procesamiento de dicha causa, el juez señaló que Izco sacó de las arcas del club 350.000 euros para premiar la labor desarrollada en el club por el auditor, Adolfo Suárez. Indicó en su auto que para evitar que aflorara la auténtica situación económica de Osasuna, con un patrimonio neto negativo desde hacía años, aceptó Suárez encubrir dichas irregularidades en las sucesivas auditorías que realizó a la entidad, percibiendo como gratificación por ello el año en Izco cesó como presidente 325.500 euros de las arcas del club, cantidad recibida por el mencionado auditor a través de una mercantil holandesa, Castelino BV, con la que Adolfo Suárez tenía fuertes vinculaciones.

Aquel auto abundó en que de la cantidad transferida a esa sociedad (350.000 euros) detrajo la comisión del 7% correspondiente al servicio de intermediación prestado por la mencionada mercantil para el cobro de dicha cantidad sin levantar sospechas sobre su ilicitud, a cuyo efecto Castelino emitió un contrato falso que recogía unos supuestos servicios, no realmente prestados, para contratar al jugador Jukka Raitala, cedido gratuitamente a Osasuna. La actividad del auditor pretendía enmascarar la situación económica del club frente a la Liga de Fútbol Profesional.

El auditor defiende que ese dinero lo adelantó él mismo y la Fiscalía no le acusa. Por cierto, los documentos que justificaron ese pago a Castelino fueron firmados por Vizcay. Pero el exauditor de Osasuna también está investigado en la Audiencia Nacional en una trama comisionista en el extranjero relacionada con el PP.

Dicha investigación alertaba de “posibles pagos dinerarios” a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y familiares en relación con dos contratos de obra por la construcción de una desaladora y un tranvía. Las dos obras se adjudicaron a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor, a través de un grupo que dirigían dos altos cargos del PP, Gómez de la Serna y Arístegui. Elecnor abonó a la sociedad holandesa Castelino BV al menos 1.648.000 euros y esta empresa resultaba para esa causa ser una sociedad instrumental carente de actividad comercial o empresarial. Su representante en España era Suárez. - E.C./J.L.