Los recortes del PP en Educación que van a aplicar UPN-PSN invaden el autogobierno

pamplona. Así consta en el informe elaborado al respecto por los servicios jurídicos del Parlamento navarro, en el que concluye que los artículos 3 y 4 del real decreto ley del Gobierno central de racionalización del gasto público en el ámbito educativo "son inconstitucionales por vulnerar las competencias de Navarra en materias de enseñanza y régimen estatutario de sus funcionarios públicos".

La invasión de competencias afecta a la ampliación de las jornadas lectivas -que se incrementa de 23 a 25 horas semanales en infantil y primaria y de 18 a 20 en secundaria-, así como a la decisión de no sustituir al profesorado en los 10 primeros días de baja.

El resto de los preceptos del mencionado real decreto "no menoscaban las competencias" de Navarra, por lo que su aplicación "es indefectible".

Todos los grupos del Parlamento foral, que tuvieron conocimiento de este informe ayer durante la reunión ordinaria de la Mesa y Junta de Portavoces, acordaron por unanimidad solicitar un nuevo informe, en esta ocasión al Consejo de Navarra, "sobre la constitucionalidad de los artículos del real decreto ley informados como inconstitucionales por los servicios jurídicos del Parlamento".

EL RECURSO NO CAMBIA NADA La decisión de presentar o no este recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) se adoptará en uno de los dos plenos del Parlamento que restan en este periodo de sesiones (14 y 28 de junio), pero lamentablemente no servirá para cambiar nada. Lo habitual es que el alto tribunal tarde varios años en pronunciarse y mientras tanto los recortes estarán vigentes en Navarra.

Quizá sería distinto si el Gobierno de UPN-PSN decidieran no aplicar estos recortes y que fuera el Gobierno central quien recurriera a través de la Abogacía del Estado, aunque Juan José Lizarbe (PSN) afirmó que en este supuesto también habría que aplicar los recortes.

Sin necesidad de escuchar el dictamen del Consejo de Navarra, PSN, Nafarroa Bai, Bildu e Izquierda-Ezkerra (I-E) adelantaron que su voto será favorable a tramitar el recurso, para el que expira el plazo el 21 de julio.

Desde UPN, Carlos García Adanero avanzó que si este segundo informe "va en la misma línea" que el del Parlamento "se podrá considerar el poner un recurso de inconstitucionalidad". Aseguró que defenderán el autogobierno, consideró que es el Parlamento y no el Gobierno "el que debe recurrir la norma si así lo dicen los informes", pero que mientras tanto aceptarán las medidas, ya que "no aplicarlas sería engañarse".

Lizarbe destacó que el Estado invade "claramente" el autogobierno foral con este decreto, y dijo que "sería bueno" que el Gobierno foral también lo recurriera, pero "no es imprescindible".

Patxi Zabaleta (NaBai) también es partidario de presentar el recurso ante el TC, "que ha de ser interpuesto no sólo en beneficio de los servicios públicos, también de los trabajadores públicos de Navarra y del resto del Estado".

Maiorga Ramirez (Bildu) incidió en que es "absolutamente falso que las medidas que se están aplicando en Navarra son de obligado cumplimiento" y pidió que se retiren todos los proyectos de ley "diseñados por el PP" y que "no se apliquen los preceptos que vulneran las competencias de Navarra". Además, acusó al Gobierno foral de estar "ciego y sordo" ante "una sociedad que se moviliza" por los "recortes".

José Miguel Nuin (I-E) apostó por "utilizar nuestro autogobierno para defender las políticas sociales" y estimó que el Gobierno foral debería "no aplicar esas medidas porque vulnera las competencias y que sea el Estado el que las recurra al TC".

Ana Beltrán (PPN) -quien a partir del 1 de junio será sustituida en la portavocía por el presidente del partido, Enrique Martín- se limitó a decir que "analizarán el informe, que se contradice con otros informes", antes de valorarlo.