Unánime respaldo a crear un impuesto que grave los depósitos de las entidades bancarias

PAMPLONa. Todos los grupos del Parlamento apoyaron ayer la toma en consideración de una proposición de ley que permita establecer un impuesto que grave a las entidades bancarias que operan en la Comunidad Foral por sus depósitos. Se trata de una medida que ya aplican otras comunidades como Andalucía, Asturias, Extremadura, Cataluña y Canarias.

La iniciativa, impulsada por Izquierda-Ezkerra, plantea que la cuota tributaria sea del 0,3% para depósitos de hasta 150 millones de euros, del 0,4 % a partir de esa cuantía y de 0,5% para cantidades que superen los 600 millones.

La norma prevé deducciones de hasta el 20% si la entidad crediticia tiene su domicilio social en Navarra y de 5.000 euros por cada sucursal u oficina localizada en territorio foral, que ascendería a 5.500 si están en municipios de menos de 2.000 habitantes.

"justo y necesario" En defensa de la propuesta, José Miguel Nuin (I-E) subrayó que este impuesto, que calificó de "justo y necesario", posibilitaría "aumentar la recaudación" de la Hacienda Foral sin subir los impuestos "a las rentas del trabajo, a las pymes o autónomos, pero sí a los que ganan más y tienen más, como las entidades financieras". Resaltó que Navarra "tiene competencias" para aprobar este tributo, que podría reportar a las arcas forales unos 45 millones al año.

Carlos García Adanero (UPN) reconoció que "en los últimos tiempos ha habido una subida de impuestos para los ciudadanos" y consideró que "a priori" esta ley no debe ser rechazada, si bien abogó por que el actual consenso se logre también durante la tramitación de esta norma en comisión.

Juan José Lizarbe (PSN) incidió en que "la banca ha recibido en los últimos años recursos públicos y también tiene que hacer un esfuerzo", pero advirtió de la "tendencia viciosa" que tienen estas entidades para repercutir todo en el cliente.

También Maiorga Ramirez (Bildu) valoró positivamente la iniciativa que "supone la apertura de un debate fiscal, que se va a producir a pesar del Gobierno de Navarra" y se mostró a favor de "penalizar fiscalmente la especulación y favorecer las actividades productivas".

Juan Carlos Longás (Aralar) incidió en "la necesidad de conseguir ingresos para sostener el raquítico Estado de bienestar que nos están dejando", lo que justifica la puesta en marcha de este impuesto.

Al respaldo unánime se apuntó Ana Beltrán (PPN), que dio un tirón de orejas a las entidades bancarias, ya que "deben contribuir al desarrollo económico y no lo están haciendo", si bien recordó que está pendiente una reforma fiscal por parte del Gobierno de España.