El final de la mili no se explica sin el pulso que Navarra mantuvo contra la el Estado durante más de tres décadas. La insumisión, lo que durante años fue calificado oficialmente como un “problema de orden público” se consolidó en la Comunidad Foral como un amplio movimiento de desobediencia civil que acabó desbordando el sistema de reclutamiento y forzando la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Fue entre finales de los años setenta y hasta los albores del siglo XXI cuando Navarra se convirtió en el principal foco de la insumisión en el Estado, algo fundamental para que cesasen los reclutamientos forzosos.

Los datos acumulados entre 1989 y 2001 reflejan con claridad el ‘factor Navarra’. De los aproximadamente 20.000 jóvenes que se declararon insumisos en toda España, 3.000 eran navarros, lo que supone el 15% del total estatal. La desproporción fue aún mayor en el ámbito penitenciario: Navarra concentró al 34% de los presos por insumisión de todo el Estado, con 600 reclusos frente a un total de 1.760 en el conjunto del Estado. En algunos años de la década de los noventa, uno de cada tres insumisos encarcelados cumplía condena en Pamplona.

Este peso específico se produjo en un contexto de colapso progresivo del sistema. El número de jóvenes que se negaban tanto al servicio militar como a la prestación social sustitutoria (PSS) creció de forma exponencial: de 371 insumisos en 1989 se pasó a 20.000 en el año 2000. Paralelamente, las solicitudes de objeción de conciencia aumentaron de 12.170 en 1985 a un máximo de 164.423 en 1999. El indicador más revelador llegó en el año 2000, cuando el volumen de objetores representaba el 112% del total de efectivos de las Fuerzas Armadas, es decir, había más ciudadanos rechazando las armas que soldados en filas.

La acción directa fue fundamental. Era habitual que los jóvenes entregaran públicamente sus cartillas militares en la sede del Gobierno Militar, en la calle General Chinchilla de Pamplona, desafiando la detención inmediata ante cientos de personas. Al mismo tiempo, numerosos ayuntamientos navarros se sumaron a la desobediencia institucional al negarse a tramitar los padrones municipales necesarios para el sorteo de quintos, lo que dificultó de forma directa la logística del Ministerio de Defensa.

Esta movilización masiva convirtió a Navarra en uno de los principales focos de rechazo popular a la mili, con un número desproporcionado de objetores e insumisos frente al conjunto del Estado y provocó respuestas represivas –incluidas detenciones y encarcelamientos– que a su vez inflamaron aún más la oposición social al reclutamiento forzoso y contribuyeron a que el debate sobre la abolición del servicio militar obligatorio se escalara a todo el Estado.