Salud dice que se atienda a los inmigrantes, aunque no tengan tarjeta, y niega exclusiones

pamplona. Con estas palabras, desde Salud se indicó que "confirmo que se está atendiendo a los inmigrantes exactamente igual que hasta ahora".

Estas afirmaciones no coinciden con las denuncias de la ONG Médicos del Mundo, que insiste en que la atención a estas personas "ha sido bloqueada", según explicó Patricia Ruiz. "Hoy mismo -por ayer- no se ha atendido a dos personas en centros de salud", agregó. "Las trabajadoras sociales de los centros de salud -insistió la portavoz de Médicos del Mundo- siguen sin poder emitir tarjetas sanitarias a personas sin recursos. Siguen derivándoles al INSS donde están desbordados -han abierto mil y pico expedientes de personas que solicitan unas tarjetas que no pueden emitir-. Esta es la realidad", reiteró Patricia Segura.

La misma fuente añadió que ahora, cuando una persona sin recursos acude a un centro de salud, "sale un pantallazo en el que se lee Sin Derecho, por lo que la trabajadora social le indica que no puede ser atendida y que se dirija al INSS para obtener su tarjeta". Según Patricia Segura, "el problema es que es el propio sistema informático el que les excluye. No hablamos de la disposición del personal sanitario, sino de que la atención ha sido bloqueada".

atención sin concretar A la instrucción de Sanz Barea, cuyo contenido no ha hecho público, se suma la remitida el martes por el director de Atención Primaria, Ignacio Yurss, al personal de este nivel asistencial. Yurss reconoce que "la solución a adoptar es compleja" y que "los términos concretos sobre el contenido de la prestación sanitaria y su financiación aún no están definidos totalmente". El director de Primaria añade que "como se trata de un tema que ha causado, lógicamente, bastante inquietud en la sociedad, y especialmente en el sector sanitario público de nuestra comunidad, considero procedente dirigíos este escrito para manifestaos que, siguiendo criterios manifestados por el Gobierno de Navarra, la asistencia sanitaria que se preste en la actualidad por parte del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea en los diferentes ámbitos asistenciales no se debe modificar en cuanto a las personas objeto de dicha atención, hasta tanto se decida por el Gobierno de Navarra la forma en que se va a aplicar la normativa señalada, así como otros aspectos administrativos y de gestión".

Pide Yurss que, "con la mayor inmediatez posible, pongáis el contenido e este escrito en conocimiento fehaciente de directores de Zona Básica y ellos a su vez al personal asistencial y administrativo de los centros con el objeto e que se clarifiquen todas las dudas al respecto". Concluye anunciando que "en el momento en que se tomen las decisiones definitivas sobre este tema, se realizarán las oportunas aclaraciones, de forma que la cadena de comunicación sea directa, rápida y completa". Desde Salud aseguran que "no hemos recibido queja alguna de ninguna persona a la que se le haya denegado la asistencia sanitaria. Por supuesto que cualquier incidencia que nos llegue al respecto la investigaremos y le daremos solución".

la solución navarra Los inmigrantes en situación irregular que el 1 de septiembre queden excluidas del Sistema Nacional de Salud conforme a la normativa estatal tendrán acceso gratuito a la atención sanitaria pública en Navarra si acreditan al menos un año de residencia, falta de recursos y carecer de antecedentes penales. No obstante, esta solución crea dos grupos de inmigrantes en situación irregular: así tendrán derecho a atención gratuita -será costeada desde el departamento de Políticas Sociales- los que ingresen menos de 532 euros al mes, y deberán pagarla de su bolsillo los que superen esta cifra. Para esta solución el departamento de Políticas Sociales debe crear una partida, de 1,6 millones, para costear la atención a inmigrantes sin papeles (2.150 según el Gobierno y 6.000 según las ONG) con ingresos menores a 532 euros. El pago por asistencia requiere actualizar los costes del sistema foral y fijar unas tasas de 764,46 euros anuales (para la población de 18-65 años, excepto los menores que no se les cobra) y de 2.675,62 para mayores, frente a 710,40 euros y 1.864,80 establecidos en el Estado.