madrid. El Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Gobierno central por el cobro del euro por receta aprobado por la Generalitat de Cataluña el pasado marzo, lo que implica la suspensión cautelar de la medida durante al menos cinco meses. Una decisión contra la que se ha pronunciado el Govern catalán y anunció ayer que presentará alegaciones.
Según la Constitución, el Gobierno puede impugnar ante el TC decisiones de comunidades autónomas, lo que se traduce en su suspensión durante 5 meses, transcurridos los cuales el tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta. Sin embargo, la admisión a trámite no significa un pronunciamiento del tribunal sobre el fondo de la cuestión.
El Gobierno de Mariano Rajoy entiende en su recurso que la medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece la Constitución.
El Consejo de Estado emitió un informe en el que consideró que "las CCAA no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación publica".
La Generalitat anunció ayer que presentará alegaciones ante la medida. En una rueda de prensa, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, defendió el euro por receta, y según declaró, la estadística pone de manifiesto que la Generalitat hizo bien en aprobarlo el año pasado. Según sus cálculos, gracias al euro por receta, ha habido "un ahorro del 20% en el gasto asociado a la emisión de recetas".
A la espera de confirmarse qué impacto económico tendrá en las arcas de la Generalitat, Homs indicó que el sistema de recetas de la red sanitaria pública es electrónico, algo que facilitará la suspensión del euro por receta.
el caso de madrid El Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha puesto en marcha el cobro de un euro por receta y el Ejecutivo central anunció la semana pasada que recurrirá también esa decisión, aunque para hacerlo debe esperar a recibir un nuevo informe del Consejo de Estado, que seguramente repetirá los argumentos usados para el mismo caso en Cataluña.
Fue el pasado diciembre cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó de la intención del Gobierno al entender que la tasa catalana "perjudica" a la igualdad de los españoles al "gravar dos veces" la adquisición de medicamentos.
La vicepresidenta añadió que el Gobierno solicitaría al tribunal de garantías la suspensión de esta medida para "evitar que los ciudadanos sigan pagando" un sobreprecio que "afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias".
