Desde hace unos años, la mayoría de la población ha sufrido en carne propia el intentar concertar una cita médica y que esta se retrasase por falta de facultativos. Lo que quizá conocen menos personas son las listas de espera que existen en la educación pública de Navarra cuando lo que se demanda es la intervención del personal de apoyo educativo, es decir, orientadoras, profesorado de Pedagogía Terapeútica, logopedas, promotores escolares, profesorado de apoyo a la comunidad o de apoyo al alumnado desfavorecido.

Los centros educativos son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Así las cosas, es fácil entender que los y las profesionales de la educación nos encontremos en las aulas cada día con más y más alumnado con falta de estimulación y atención por sobreexposición a pantallas, retrasos en la autonomía o el desarrollo del lenguaje, desconocimiento de la lengua de instrucción, vulnerabilidad social por problemas de pobreza, desestructuración o violencia familiar, consumo de sustancias nocivas, conductas perjudiciales para la convivencia, carencias afectivas, o variados y demoledores cuadros psicológicos y emocionales.

No en balde, el alumnado con una necesidad de apoyo en nuestras aulas se ha duplicado en los últimos 10 años (desde el 5,1% en 2011-12 hasta el 9,3% en 2020-21) y, desde entonces, va incrementándose un 2% anualmente.

Para que tanto este alumnado como el que se sienta a su lado pudiese estar atendido como necesita, los recursos de apoyo se tendrían que haber incrementado, como mínimo, en la misma proporción en la que lo han hecho las necesidades educativas. Sin embargo, la realidad es que con el personal con el que cuentan los centros hoy en día sólo se puede atender a 2 de cada 10 alumnos y alumnas con un diagnóstico clínico. El resto, 8 de cada 10 niños y niñas diagnosticados pasan a las listas de espera de las unidades de apoyo educativo o de los departamentos de orientación por si en algún momento pueden contar con alguna sesión de apoyo. Aquellos que todavía no han sido censados, aunque también precisen de una atención especializada, ni siquiera se reflejan en estas estadísticas.

Los y las responsables de nuestro sistema educativo saben que para poder atender a todo el alumnado se deberían quintuplicar las plantillas de especialistas de apoyo educativo y reducir las ratios hasta un máximo de 20 niños y niñas por aula como marca la ley, para lo que el Gobierno de Navarra debería invertir cerca de 3 puntos porcentuales más del PIB en Educación en la línea del gasto público que realizan países como Francia, Finlandia o Bélgica. Sin embargo, la realidad es que anualmente van desplazando los escasos recursos y al personal de un centro a otro, esperando cubrir con la pequeña toalla de mano de la inclusión, la gran cama que representa la atención a la diversidad en nuestras aulas.

Desde aquí hacemos un llamamiento a los centros, a las familias y a la sociedad en general a que, tras analizar las consecuencias que conlleva la actual falta de atención a nuestro alumnado, se impliquen en dar una solución real al problema exigiendo a la clase política navarra que no se afane en ser la única comunidad que reduce su deuda (en un alto porcentaje, además, ilegítima e inmoral), sino que invierta el dinero de todos y todas en revertir la grave situación en la que cada vez se encuentran más niños y niñas en nuestra comunidad. Cualquier otra decisión política atenta contra el colectivo más vulnerable de la sociedad.

*Firman esta carta: Arantxa Ruiz Vidorreta (pedagoga y maestra); y Raúl López Ekai (docente de Secundaria). STEILAS