La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la intención del Gobierno español “no es ser el principal accionista de Telefónica”, en la decisión que el Estado ha acordado comprar hasta un 10% del capital, sino “un accionista más” de una empresa que ha definido como “estratégica”.
Con ese movimiento, el Estado superará a la empresa saudí de telecomunicaciones STC Group que hace tres meses anunció que había adquirido una participación del 9,9% de la operadora por 2.100 millones de euros y controlaba el mayor porcentaje del capital social. Sin embargo, Montero prefiere no incidir en el posicionamiento del Gobierno central con una décima más que los saudíes, justo el porcentaje necesario para el sorpasso.
“Defensa nacional”
Según comenta Montero en una entrevista con Efe horas antes de su nombramiento como vicepresidenta primera, el Estado pretende “ser un accionista más dentro de Telefónica y, sobre todo, preservar los intereses de país que están muy vinculados a la defensa nacional”. Tras recalcar que la autorización del Consejo de Ministros es para comprar “como máximo” un 10% de Telefónica, la nueva número dos del Gabinete de Pedro Sánchez señala que aún no está decidido cómo va a financiarse la adquisición, que la SEPI ya había informado de que se llevaría a cabo minimizando el impacto que pueda tener en la cotización de la compañía y “en el menor tiempo posible”.
“Ya veremos cuándo es el momento, cuando se abre lo que llaman los inversores la ventana de oportunidad”, apunta Montero en la entrevista. La idea es materializar la operación cuando el precio de la acción abra esa ventana para que sea “lo más eficiente para el conjunto de los ciudadanos”.
Montero defiende la decisión como “un movimiento inteligente” y en línea con lo que ocurre en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia, donde “las empresas estratégicas son protegidas” por el Estado.
