La Constitución Española vigente establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y, junto a ello, reconoce que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía.
A pesar de lo que cita este artículo 3 de la Carta Magna, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) no respetó el mandato del Parlamento en un aspecto que ha tenido gran trascendencia como es la zonificación del euskera. El texto consensuado en la cámara navarra fijaba el euskera como lengua oficial, junto al castellano, en todo el territorio foral. Fue en el ámbito de la comisión negociadora navarra, al margen de la voluntad del Parlamento como se estableció la zonificación del euskera. Sobre este aspecto, el doctor en Historia, Roldán Jimeno, destacó que “llama la atención como la Lorafna cita de manera desproporcionada la oficialidad del castellano como lengua oficial, cuando ya existe una mención intrínseca en la propia Constitución –Ley de rango mayor–”. Además, indicó que “es también llamativo como elude la palabra euskera y utiliza el término vascuence”. Al respecto, Jimeno consideró que “la redacción de la Lorafna tiene una intención política en contra del euskera”.
“La zonificación es un problema que ha condicionado el día a día de muchos navarros”
Por su parte, el doctor en derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Miguel Izu, apuntó que “ese artículo 3 no explica bien que es la oficialidad. Y, eso, en definitiva, genera inseguridad jurídica”.
Al hilo de estas reflexiones, la doctora en sociolingüística y directora del Servicio de Planificación y Promoción del Euskera de Euskarabidea, Paula Kasares, apuntó que “el Amejoramiento, además, no respetó el mandato del Parlamento en un aspecto que ha tenido gran trascendencia como es la zonificación del euskera”. Un detalle, que para los cuatro participantes “no fue casual” y que “existió un interés partidista”.
Para la licenciada en periodismo y Antropología, Idurre Eskisabel, “el establecimiento de las tres zonas ha generado muchos problemas a lo largo de estos 40 años y ha dividido a muchos pueblos y vecinos”. Sobre este aspecto, Miguel Izu resaltó que “la realidad sociolingüística es otra” y añadió que “no se puede delegar la responsabilidad a los ayuntamientos para que determinen si quieren pertenecer a una zona u otra, en función del partido que gobierne”.
Por su parte, Paula Kasares aclaró que a la hora de establecer la zonificación “no se contemplaron elementos objetivos y prácticos”. Al respecto, hizo una comparativa con la Comunidad Valenciana, cuyo texto normativo admitió los informes realizados por autoridades filológicas de las universidades regionales, citando el listado de territorios con dominio de la lengua valenciana al final del preámbulo. En este sentido, Kasares apuntó que en Navarra “hubo una primera buena intención, dado que en el año 1985 la Diputación solicitó un estudio al equipo de investigación liderado por Jesús Azcona Mauleón”. Sin embargo, “a pesar de la rigurosidad del informe, no se tuvo en cuenta”. Según la conclusión de Kasares, “era tan interesante, que no interesaba. Sorprendía la alta territorialidad del euskera en Navarra”. En la actualidad, este estudio está digitalizado y puede consultarse en la página web del Instituto Navarro del Euskera-Euskarabidea.
“La territorialización lingüística de la Comunidad Valenciana es un referente para Navarra”
Oficialidad y Zonificación
Protección de las lenguas minoritarias
En amparo de la remisión constitucional, los respectivos Estatutos de Autonomía han establecido como lenguas oficiales, además del castellano, el catalán y la lengua occitana (aranés) en Cataluña (art. 6), el vasco (euskera) en la Comunidad Autónoma Vasca (art. 6), el gallego en Galicia (art. 5), el valenciano en la Comunidad Valenciana (art. 6), el catalán en Islas Baleares (art. 4), y el vasco en las zonas vascohablantes de la Comunidad Foral de Navarra (art. 5).
En este contexto, Miguel Izu subrayó que “lenguas como el aranés, al margen de la oficialidad, tienen un amparo y protección por tratarse de lenguas minoritarias”. Sin embargo, añadió que “en Navarra ni si quiera se contempla este hecho, tal y como establece la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, un acuerdo ratificado en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 por los Estados miembros del Consejo de Europa para la defensa y promoción de todas las lenguas de Europa que carecen de carácter de oficialidad, que incluso siendo oficiales en alguno de los firmantes no lo son en otros o que, aun siendo oficiales en el firmante, están en manifiesta debilidad”. Es, por ello, que el doctor en Derecho resaltó que, tal y como cita la Constitución española en esa orientación, “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas del Estado es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección”.
“La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas del Estado es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección”
En referencia a este comentario, Idurre Eskisabel destacó que “las lenguas oficiales se solapan, interactúan y evolucionan en relación las unas con las otras. Todas ellas han contribuido y contribuyen a la evolución de nuestra sociedad”. Es, por este motivo, que “surgen nuevas realidades sociolingüísticas a las que hay que adaptarse”. Y, por ello, incidió en la necesidad de “realizar una revisión y actualización de la Lorafna”. Asimismo, comentó que “la oficialidad es el estatus máximo al que puede aspirar una lengua” y que “sin hablantes, la lengua carece de valor”. Por último, antes de pasar a realizar una reflexión final sobre los aspectos debatidos en el encuentro, Roldán Jimeno quiso recalcar la discriminación que genera la zonificación, poniendo como ejemplo su propia experiencia de vivir en un pueblo de la Comarca. “Estudiar en euskera o acceder a la Administración han sido dos de los mayores inconvenientes con los que me he encontrado.
