Reporteros sin Fronteras (RSF) ha presentado una denuncia por crímenes de guerra cometidos por el Ejército israelí contra medios de comunicación y periodistas en el ejercicio de su trabajo en Gaza, y también contra Hamás por asesinar a un periodista israelí que documentaba el ataque a un kibutz.
En la denuncia contra el Ejército israelí, formalizada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), se justifican las acusaciones por ese cargo de crímenes de guerra de forma precisa por el asesinato de ocho periodistas palestinos en los bombardeos de Gaza desde el comienzo de la ofensiva en ese enclave en respuesta a los ataques terroristas de Hamás en Israel el 7 de octubre.
También se alude a la "destrucción intencionada, total o parcial" de las sedes de más de 50 medios de comunicación en Gaza, explica RSF en un comunicado este miércoles.
La organización hace notar que tiene constancia de que 34 periodistas han muerto desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamás, y de ellos al menos 12 en el ejercicio de su actividad (10 en Gaza, uno en Israel y otro en Líbano).
Sobre todo, insiste en que aunque se considerara que los periodistas palestinos muertos en Gaza han sido víctimas de objetivos militares, como lo pretenden las autoridades israelíes, "esos ataques han causado en todo caso daños manifiestamente excesivos y desproporcionados entre los civiles".
Por eso, RSF entiende que la acción israelí coincide con la calificación de crímenes de guerra.
En su procedimiento ante la Fiscalía de la CPI, Reporteros atribuye también a Hamás una acción que le merece esa misma calificación, que es el asesinato del periodista israelí Roee Idan, del sitio de información Ynet, que filmó los primeros instantes del asalto en el kibutz Kfar Azza donde vívía por los milicianos palestinos.
Idan, que había salido de su casa pronto por la mañana ese 7 de octubre, grabó la llegada de los invasores en parapente y envió el vídeo al sitio web para el que trabajaba antes de ser abatido.
La CPI es, en principio, competente porque los hechos ocurrieron en Palestina o porque los autores son palestinos, aunque los supuestos crímenes de guerra los cometieran palestinos en el exterior de su territorio, en este caso en Israel.
La razón es que Palestina es parte en la convención de esta instancia judicial internacional (la ha firmado y ratificado), a diferencia de Israel, que ha rechazado entrar en el sistema de control.
El secretario general de RSF, Christophe Deloire, subrayó que "la amplitud, la gravedad y la repetición de crímenes internacionales contra los periodistas, en particular en Gaza, necesitan una investigación prioritaria del fiscal de la CPI. La pedimos desde 2018. Los acontecimientos trágicos actuales demuestran la extrema urgencia de su movilización".
Deloire se refería así al hecho de que esta es la tercera denuncia por presuntos crímenes de guerra cometidos contra periodistas palestinos en Gaza.
La primera se formalizó en 2018 motivada por varios informadores asesinados o heridos durante la llamada "Marcha del Gran Retorno"; y la segunda en mayo de 2021 tras los bombardeos de una veintena de medios de comunicación por las fuerzas israelíes.
Además, Reporteros también respaldó la denuncia presentada por la cadena Al Jazeera por el asesinato de su periodista palestina Shirin Abu Akleh en Cisjordania el 11 de mayo de 2022.
La Fiscalía no ha informado en todo este tiempo de lo que ha hecho de todas esas denuncias, pero Antoine Bernard, responsable jurídico de RSF contó hoy a EFE que "tenemos razones para pensar" que forman parte del sumario que está instruyendo.
El fiscal, que tiene investigaciones activas sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre y sobre la ofensiva israelí en Gaza desencadenada en respuesta, puede llevar esas pesquisas en secreto y ni siquiera tiene que informar en el caso de que lance órdenes de captura contra presuntos responsables potencialmente inculpados.
