El 17 de marzo de 2020, Ricardo Ramos partió de Tijuana y cruzó la frontera a través de San Ysidro a las 10:09 p.m. En 40 minutos llegó al aeropuerto de San Diego, donde alquiló un coche. Allí le esperaba su compañera, y ambos emprendieron el viaje de dos días y más de 1,000 millas hacia Butte, Montana. Lo habían hecho varias veces, conocían la ruta hacia “el corazón de América”.
No obstante, antes de llegar a su destino, un control de oficiales estatales y federales, que los habían estado rastreando, los interceptaron. La detención se llevó a cabo sin incidentes, pero los oficiales encontraron en su vehículo un kilo de metanfetamina pura, suficiente para abastecer a una población de 2.000 personas durante varios días. Posteriores investigaciones e informes judiciales revelaron que, durante tres años, el cártel de Tijuana había introducido en Montana al menos una tonelada de metanfetamina y 700.000 pastillas de fentanilo.
El arresto de “Ramos y su mula” no era un incidente aislado, fue el primer golpe de una serie de detenciones que desencadenaron el colapso de una –de las muchas–― redes de tráfico de drogas.
El atractivo de Montana para los cárteles se debe a varios factores. En ciudades del sur de California, Arizona y Texas, el precio de mercado de las pastillas de fentanilo es relativamente bajo debido a la proximidad a las fuentes de suministro y la naturaleza competitiva del comercio de drogas. Una pastilla de fentanilo falsificada que cuesta menos de 25 centavos en México puede venderse por tres a cinco dólares en San Diego. Pero a medida que estas drogas se abren camino hacia áreas más remotas y menos accesibles, el precio se dispara. En Montana, una pastilla de fentanilo puede alcanzar hasta 100 dólares. Esto supone un margen de beneficio del 99.75%, lo que ha convertido a Montana en un objetivo capital de los cárteles.
Desfavorecidos, más afectados
Y, como siempre, son los sectores más desfavorecidos de la sociedad los más afectados. Las reservas indígenas de Montana se enfrentan a desafíos sin precedentes debido a la afluencia de las metanfetaminas y el fentanilo. La localización, dimensiones, estatus legal y falta de recursos de las reservas crea un laberinto jurisdiccional que complica los esfuerzos de la lucha contra la droga. Por ejemplo, en la Reserva Blackfeet, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, que abarca más de 6.000 kilómetros cuadrados, la vigilancia de las rutas de la droga supone un desafío casi imposible de afrontar para los limitados recursos con los que cuentan estas comunidades.
Pero las complicaciones van más allá: conllevan serios retos de tipo sociocultural y de asistencia. Los servicios de atención médica y de salud mental y las instalaciones de tratamiento de adicciones a menudo están pobremente financiados y carecen del personal adecuado. Los carteles explotan estas deficiencias, sabiendo que las comunidades que luchan con altas tasas de adicción tienen menos probabilidades de combatir efectivamente la afluencia de las drogas.
Además, la realidad sociocultural de los colectivos afectados complica aún más las circunstancias. Los carteles a menudo apuntan a mujeres indígenas en las reservas como parte de su estrategia para establecer una posición en estas comunidades. Al controlar a estas mujeres, los cárteles ganan acceso a las redes locales y pueden usar hogares como casas seguras o puntos de distribución. El desmembramiento de alguno de los cárteles ha puesto en evidencia algunas de “las historias de la droga” en la Reserva Crow, donde muchas mujeres han sido coaccionadas para asumir roles de tráfico de drogas bajo la apariencia de relaciones sentimentales. Un ejemplo más de los niveles de explotación a los que las víctimas del tráfico están expuestas.
Los cárteles se aprovechan de individuos que luchan con la adicción y/o tienen dificultades económicas, y los índices de este perfil en las reservas desgraciadamente son muy altos. Este hecho convierte a los distribuidores locales y a sus clientes en víctimas de sí mismos. En la Reserva Northern Cheyenne los cárteles han establecido complejas redes de distribución que explotan tanto a los distribuidores como a sus clientes, incrementando el ciclo de adicción y violencia dentro de una comunidad que cuenta con un piélago de problemas sociales y culturales que han devastado generaciones de nativos durante casi dos siglos.
La Reserva Blackfeet en Browning se ha visto desbordada por el dramático aumento del crimen relacionado con las drogas y las muertes por sobredosis. En Fort Peck se ha informado que los carteles reclutan a los más jóvenes, incluidos menores, aumentando significativamente el uso de drogas entre éstos y desgarrando un tejido social que comenzaba a recuperarse tras un siglo de “generaciones perdidas”. En algunas reservas, como Northern Cheyenne, la situación se ha vuelto tan grave que los residentes han formado grupos de vigilantes en un intento de combatir el crimen porque las exiguas patrullas de la comunidad no están adecuadamente dotadas de fondos, personal y medios para confrontar a los cárteles de manera efectiva. Pero estas iniciativas también tienen su precio social.
Operaciones muy complejas
A pesar de todo ello, la detención de Ramos y el posterior desmantelamiento de la red del cártel de Sinaloa son un indicativo de que los esfuerzos de las agencias internacionales (las cuales en este caso involucran a agentes operando en México, Canadá, Estados Unidos y en las reservas) ha comenzado a dar sus frutos. Pero también ha puesto en evidencia que este tipo de operaciones son muy complejas y tienen ramificaciones que se extienden mucho más allá del desmantelamiento policial de las redes. La respuesta del gobierno federal a la crisis de las drogas en Montana incluye batallas policiales y legales contra los cárteles y sus aliados, pero también acciones de carácter sociocultural, educativo, y de asistencia médica y psicológica. La disponibilidad de servicios educativos y de salud mental y rehabilitación es crítica en la lucha contra la crisis de las drogas. Expandir estos servicios, particularmente en las reservas, es esencial para proporcionar el apoyo necesario para abordar los problemas relacionados con el tráfico y la drogodependencia.
La lucha contra el tráfico de drogas en Montana –y en cualquier otro lugar del planeta– va más allá de la acción policial y social; implica activar el corazón cultural de las comunidades o naciones afectadas, y plantea importantes consideraciones legales y éticas.
Asegurar la protección de las comunidades vulnerables mientras se combaten las actividades criminales requiere un equilibrio cuidadoso de prioridades que comienza por reforzar el carácter de dichas poblaciones, su identidad colectiva, sus lenguas, tradiciones y costumbres. Comienza por hacer un esfuerzo por reconsiderar cuál es el significado de regenerar y sanar dichas sociedades y preguntarse cuáles son sus cimientos más sólidos; y estos cimientos se van a encontrar en su espíritu más íntimo, en su esencia, que es su identidad colectiva. La lección que las diversas agencias envueltas en este caso han aprendido es rotunda: Solo sobre una sólida base de afirmación de la propia identidad de las naciones nativas se logrará reconstruir el universo cultural estas comunidades humanas. Y sólo sobre este universo restructurado florecerán las políticas de acción contra las drogas y tantos otros retos de nuestro siglo.
