Todo empezó en el portal de la calle Arrieta, en aquellos sanfermines de 2016. La violación múltiple y grupal de una mujer (según estimó el Tribunal Supremo) perpetrada por La Manada, que en primera instancia fue calificada por la Audiencia Provincial como un delito de abuso sexual con prevalimiento. Con el ordenamiento jurídico entonces vigente, lo que se dilucidaba era si había mediado intimidación, elemento que marca la diferencia entre ambos tipos penales. En el tiempo transcurrido entre las dos sentencias vimos surgir algo bastante parecido a la turba, que en las calles bramaba su propio veredicto: “no es abuso, es violación” y “hermana, yo sí te creo”.

Muy poco se necesitó para la simbiosis entre la manifa y el populismo político, y fue el Gobierno de Sánchez e Iglesias el que encaminó la protesta hacia la legislación. Hasta ese momento, el código penal distinguía entre agresión sexual, cuando mediaba violencia, y el abuso sexual, cuando esta no se sustanciaba. La categorización parece totalmente lógica y justificativa de una sanción diferencial, porque el daño a la víctima es distinto.

Lo que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí no es fruto del error, sino del totalitarismo, que rehúsa cualquier opinión externa

A los tribunales les ha tocado siempre la ingrata labor de determinar la concurrencia de esa violencia, y distinguirla de conceptos tan difícilmente objetivables como la intimidación o el prevalimiento. Para eso están los juicios. Con el lío montado en la calle y los tribunales, los adanistas que hoy están sentados en el Consejo de Ministros se creyeron en la tesitura de descubrir el Amazonas. Fusionaron los dos delitos en uno solo, al que obviamente se denominó agresión, y establecieron una banda de condenas que en su parte baja era la propia de la antigua agresión. Como consecuencia, un condenado por agresión en su tipo mínimo puede solicitar que se le aplique el nuevo cuadro de penas. Ya estamos viendo qué está suponiendo esto: una reducción efectiva de las condenas que en algunos casos supone incluso la salida en prisión. El problema, empero, no es sólo la obligada rebaja a los ya juzgados, sino el hecho de que los que en el futuro sean procesados también tendrán un trato más benigno, menguando así el componente disuasorio, por punitivo, que ha de tener el Código Penal. Se ha cerrado el círculo. Lo que empezó en ese portal tendrá su más cruda representación en el hecho de que los violadores que tal noche entraron en él con la chica, y tras los tumultos y las nuevas leyes… se verán directamente beneficiados por el efecto final del vendaval que ahí se originó.

Todavía está colgado en YouTube un vídeo titulado “Tarta Sorpresa: el equipo de Irene Montero la sorprende por su cumpleaños”, dentro del canal oficial de Podemos. Son seis minutos que dan vergüenza ajena, el relato visual de cómo el equipo de la ministra organiza en su sede los fastos por los 32 años de la titular.

Una oficina pública, que se supone está para gestionar exclusivamente intereses comunes, convertida en escenario de una fiesta pija, un pijama party superguay. “A Irene hay que cuidarla”, dice una de las colocadas en nómina. Igualdad está en un edificio preeminente de la calle Alcalá de Madrid, y puedo dar fe de que las de la tarta es raro que aparezcan por el despacho antes de las 10 de la mañana. Ellas –el equipo es casi completamente femenino– no están para perder el tiempo estudiando siquiera un poquito los asuntos que tienen encomendados. Se dedican, como filtraba a los medios esta semana un socialista que les conoce bien, a “legislar en días bonitos”. A imponer ideología de pandi. A decir a la gente cómo debe ser y la manera en la que se ha de obrar. A redactar normas como quien escribe la convocatoria de la cena de fin de curso para el tablón de la facultad. A descalificar gravemente no sólo al discrepante, sino a quienes han de actuar de manera diferente a como ellas consideran, verbigracia, los jueces hombres y mujeres que estos días se limitan a aplicar la norma recién creada. Lo que ha ocurrido con la ley del “sólo sí es sí” no es fruto del error, sino del totalitarismo, porque un error ocurre cuando no eres advertido de algo, y el totalitarismo significa rehusar por sistema cualquier opinión externa. El origen de este escándalo, seguramente el mayor y más representativo de toda la legislatura, es ese grupo de la tarta, pero la responsabilidad alcanza de pleno a todo el Gobierno, porque un proyecto de ley es un acuerdo colegiado de todos los que se sientan en la mesa del Consejo de Ministros, empezando por su presidente. Momento para recordar al Corcuera que dimitió por lo de la patada en la puerta.