La reunión de presidentes de Comunidades Autónomas del Cantábrico –la CAV, Cantabria, Asturias y Galicia–, convocada por el lehendakari Urkullu como presidente de ese organismo territorial ofreció ayer un dibujo realista de las necesidades e intereses comunes de un ámbito regional europeo que trasciende las sensibilidades políticas particulares y cuyas problemáticas respecto a la influencia en la UE afectan también a Navarra. Cuatro partidos diferentes –PNV, PRC, PSOE y PP–, gobiernan esas cuatro realidades administrativas descentralizadas que coinciden en su diagnóstico de las necesidades de su ciudadanía en el marco del modelo de desarrollo europeo. La macrorregión que propugnan es un mecanismo institucionalmente contemplado en el marco de la Unión Europea que serviría para equilibrar las estrategias a desarrollar en el marco de la colaboración interregional. Su materialización, demandada al Gobierno del Estado para que la acoja como objetivo en su presidencia semestral de segunda mitad de 2023, garantizaría que la población residenciada en el arco atlántico pueda disponer de una voz y capacidad de incidencia complementaria a la que ya conforman la Eurorregión igualmente atlántica entre Navarra, la CAV y Aquitania, que incluye los territorios vascos de Iparralde, con más de 7,5 millones de habitantes, sobre las decisiones que, de otro modo, conllevan el riesgo de orientarse en función de intereses de Gobiernos ajenos. La insistencia con la que el Ejecutivo de París maniobra sistemáticamente para tratar de poner tope en los Pirineos a las políticas de inversión en infraestructuras clave para el desarrollo local –desde la conexión ferroviaria de alta velocidad o las conexiones de gas o hidrógeno, entre otros enlaces–, acredita que la voz del occidente europeo no tiene el debido eco. Se trata de que las infraestructuras de transporte y energía des estos territorios tengan el impulso debido como punta de lanza de una estrategia europea completa, asociada a los intereses y potencialidades de las zonas atlánticas de la UE. El objetivo de una cohesión social europea justa pasa por la garantía de acceso al crecimiento equilibrado en materia de innovación, bienestar económico y sociosanitario, medioambiente o movilidad. La mera actuación de oficio de los Gobiernos de los Estados está siendo ineficaz. El Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido una apelación y su compromiso con esta fórmula tiene que ser explícito e inmediato.