La Sentencia de la Sección Cuarta del Tribunal Supremo por la que se anula el Real Decreto 252/2013, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios a Navarra en materia de tráfico vuelve a poner de manifiesto las dificultades que existen para que podamos recuperar una competencia histórica que nos fue arrebatada en el franquismo.

Cuando parecía que el tema era pacífico en el Tribunal Supremo tras las sentencias nº 219/2018 de 13 de febrero y 379/2018 de 7 de marzo, referidas a las competencias generales de Navarra en materia de seguridad, y en especial a sus competencias en materia de tráfico, ha venido esta nueva y ha puesto patas arriba nuestro autogobierno y competencias históricas y preconstitucionales sobre la materia de tráfico. 

Navarra perdió unas competencias que tenía, por mor de una decisión política del Estado y, desgraciadamente, vamos camino de que sólo por mor de otra decisión política las recuperará.

A finales de los años 1950 del siglo pasado fue un Ministro de la Gobernación, el inefable Teniente General Camilo Alonso Vega, quien consiguió vía contrafuero que Navarra perdiera sus competencias y por la vía de los hechos entraran en octubre de 1960 los primeros cuarenta números la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) en nuestras carreteras. Jaime Ignacio del Burgo ha reconocido públicamente que en las negociaciones para el Amejoramiento del Fuero, se intentó, sin éxito, la recuperación de las competencias exclusivas en materia de tráfico que Navarra había ejercido hasta 1961, año en el que por un Decreto Ley de 24 de julio se ordenó el despliegue de la ATGC. Reconoce también que esto vulneraba nuestro régimen histórico, pues hasta ese momento la competencia exclusiva en esta materia la ejercía la Diputación, por tratarse de una función vinculada a las carreteras que, era, y es, competencia exclusiva de Navarra.

Hoy, y a la vista de esta última sentencia, tenemos que recordar lo que dijo la Diputación Foral en el acuerdo 23 de junio de 1962 cuando tuvo que “tragar” lo que Alonso Vega le exigía, manifestando que “la Diputación no tiene inconveniente en suspender, de momento, el ejercicio de sus derechos”, aunque, con cierta intuición se añadía que dicha aceptación se hacía “siempre con la reserva, por su parte, de volver a recuperar el ejercicio de las facultades hoy transigidas, cuando las circunstancias así lo vinieren a exigir”.

Ha llegado ya ese momento y se dan las circunstancias políticas. Navarra y sus instituciones han mostrado su voluntad de recuperar estas competencias, por lo que habría que activar esa reserva que en 1962 hizo la Diputación Foral. 

Desde que en 1994 el Parlamento Foral aprobara el Plan Director de organización y funciones de la Policía Foral han transcurrido 25 años y no hemos conseguido darle la vuelta a ese contrafuero de 1961. Varios han sido los intentos políticos que han estado a punto de culminar con el traspaso competencial, y tras la sentencia podemos decir que ninguno ha llegado a buen puerto y todavía hoy es el día en que Navarra no ha recuperado la prestación en exclusiva de las competencias en materia de tráfico que el Estado, unilateralmente, le arrebató. Conviene hacer un ejercicio de memoria para recordar algunos datos interesantes.

A).-Un primer intento se realizó entre los años 2000-2004 con UPN en el Gobierno de Navarra y el PP en el del Estado.  

En esta ocasión el Gobierno de Navarra aprobó el 22 de julio de 2002 un acuerdo por el que se pedía la “reintegración” de estas competencias, y se aprobaba un proyecto de Convenio de Real Decreto en el que se manifestaba que “Tanto el Mº del Interior como el Gobierno de Navarra entienden que, en las presentes circunstancias y mientras persista la grave amenaza terrorista, privar a la Guardia Civil de la presencia y servicios que actualmente presta…podría suponer un perjuicio para la máxima eficiencia en la lucha contra el terrorismo”. Razón por la que no se planteaba la salida o repliegue de la ATGC. 

Sin embargo, en el acta 1/2003 de la sesión de la presentación navarra en la Junta de Transferencias quedó claro que esa “excusa” no era compartida ni por el PSN, ni por EA, ni por IU, absteniéndose CDN y votando a favor sólo UPN. Pero con un matiz importante, el Sr. Gurrea, Consejero de Presidencia e Interior dijo que la concurrencia de la PF y la GC en la prestación del servicio se mantendría mientras “dure la amenaza terrorista. Por tanto, una vez desaparecido el terrorismo, se pediría la supresión de tal apartado.” 

No hubo ningún traspaso en la materia, ni avances mínimos.

B).-Un segundo intento se llevó entre el 2004 y el 2011 con el PSOE como interlocutor en el Estado (siendo ministros del Interior los señores Alonso y Rubalcaba), y con UPN en Navarra. Inicialmente las negociaciones no pasaron de un intercambio de documentos y alguna reunión quedando truncados los avances por la convocatoria de elecciones generales en marzo de 2004. 

No fue hasta junio de 2005 cuando tras haberse celebrado distintas reuniones negociadoras entre las partes, el entonces Director general de Interior del Gobierno de Navarra, Sr. Rábade, remitió al Director General de Tráfico, Sr. Navarro (el mismo que en la actualidad) un borrador de Real Decreto sobre traspaso de servicios a la CFN en materia de tráfico, en la comunicación del envío se decía textualmente por el responsable navarro de UPN:

“En esta propuesta se recoge la fórmula que comentamos de repliegue progresivo de la ATGC en Navarra y el progresivo despliegue de la Policía Foral para la asunción en exclusiva por éste último cuerpo policial de la función de vigilancia de tráfico y seguridad vial.”

En el apartado 4 de este borrador de RD, preparado por el Gobierno de UPN, se decía algo que nos parece lógico, incluso a día de hoy, aunque para algunos parece que sea un escándalo y renieguen de ello: 

“Las funciones relativas a la vigilancia del tráfico y de la seguridad vial serán ejercidas por la PFN. En el ejercicio de las citadas funciones concurrirá la GC, en tanto y cuanto y por razones de interés general [ya no se explicitaba la lucha antiterrorista] permanezca en Navarra la AGT del referido Cuerpo. En todo caso, la permanencia de la AT de la Guardia Civil en Navarra no se extenderá más allá de 2009, procediéndose entre tanto a su repliegue y progresiva sustitución por efectivos de la PF, conforme al calendario que se articule en el seno de la Junta de Seguridad de Navarra.”

Es decir, en el plazo de 3 años desde Navarra, desde UPN se proponía y –al parecer así se había acordado en comisiones técnicas– que en el plazo de 3 años la ATGC dejaría de prestar sus servicios en Navarra, prestando la PF en exclusiva el servicio de tráfico y seguridad vial. 

El informe interno del Ministerio en 2006: "No nos hace especial ilusión el traspaso"

Pero el tema no avanzó como para materializar la transferencia y algo pasó en el seno de la Administración del Estado. Es significativo ver un informe interno del Ministerio del Interior de fecha 28 de enero de 2006, previo a la Junta de Seguridad de Navarra de 30 de ese mismo mes y año.

En el mismo, tras un claro recelo sobre la posibilidad de transferir estas competencias, y recordar que el Gobierno del PP había dejado “negociado y redactado un proyecto de Real Decreto” sobre este tema que nunca llegó a tramitarse y reconocer que el mismo había sido modificado desde la DGT en el sentido de que el “posible despliegue de la PF y consecuente repliegue de la GC, sería fijado en la Junta de Seguridad…en función de la situación y la valoración política”, se indica, en las conclusiones, lo siguiente:

“Respecto a la CFN no nos hace especial ilusión la transferencia pero va a ser muy difícil negarse a ella dado lo adelantado de las negociaciones y el despliegue de la PF, habida cuenta del precedente del País Vasco y Cataluña. Hasta ahora parece ser que el argumento del Gobierno del Estado para no hacer la transferencia ha sido la cuestión “terrorista”… En la medida que la cuestión “terrorista” vaya perdiendo peso, la posición y argumentación del Estado se ve debilitada”.

Casi nada como prueba de confesión de parte, el Ministerio del Interior reconocía que todo era una cuestión política, que no le hacía “especial ilusión” la transferencia y que se iban a quedar sin argumentos para negarla. Pero el tiempo fue hacia adelante y el Gobierno del PSOE dejó pasar el tiempo y nada se materializó. ¿Cómo iban a dar paso alguno si no les hacía especial ilusión?

En un extenso informe titulado “Cronología transferencias de Tráfico” elaborado, en su versión final, el 9 de octubre de 2007 por el Sr.Rábade –protagonista desde la parte navarra- finaliza reseñando lo siguiente:

“En la última reunión el Secretario de Estado, en nombre del Ministerio transmite a la delegación navarra que no se van a llevar a cabo dichas transferencias (literalmente “no toca hacer esas tranferencias” ni a Navarra ni a ninguna otra Comunidad)

Ese era el aire que se respiraba en el Ministerio. Tras la entrada del Sr. Rubalcaba en el Ministerio del Interior nada cambió, al contrario, cerró la puerta a cualquier posibilidad de avances. Tampoco con la vuelta del PP en 2011 el tema se resolvió, ya que el nuevo ministro, Sr. Fernández Díaz estuvo muy ocupado en otros asuntos, tales como la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar.

Y, ahora, ¿qué?

C).-El tercer intento, es el iniciado tras la reunión que celebraron en Moncloa en octubre de 2018, el Presidente Sánchez y la Presidenta de Navarra, Uxue Barkos, donde se acordó el traspaso de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial para que fuera asumida por completo por la PF, anunciándose incluso una reunión “previsiblemente en enero de la Junta de Transferencias para cerrar el acuerdo y firmarlo antes de que concluya la legislatura autonómica.” No llegaron ni la reunión de la Junta, ni tampoco las transferencias.

D)Finalmente, el último intento fallido ha sido el protagonizado por el Gobierno de María Chivite que aunque finalizó con el Real Decreto 252/2013, de 4 de abril, desafortunadamente ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Costó mucho tiempo llegar a comprometer al Ministerio de Interior y llegar a la unanimidad en la representación navarra de Junta de Transferencias. 

Por cierto, convendría también recordar que a la Comunidad Autónoma Vasca se le transfirieron las mismas competencias mediante Real Decreto 3256/1982 de 15 de octubre, teniendo incluso menos títulos históricos que Navarra. 

 A la vista de todo esto cabe preguntarse ¿y ahora qué? Ahora tiene que ser el momento de revertir el contrafuero de 1961, de hacer frente como Comunidad a un claro atropello a nuestras competencias históricas y nuestro autogobierno. Para ello, tenemos instrumentos legales y suficiente legitimidad social -si somos capaces de articularla- como para que la decisión del Tribunal Supremo sea papel mojado, permitiendo que la Policía Foral ejercite en exclusiva las competencias de tráfico en las carreteras navarras.