No sé que intenciones esconde Sánchez tras su decisión de darse unos días –hasta el lunes–, para meditar sobre su continuidad en la presidencia del Gobierno tras hacerse pública la apertura de una causa judicial contra su esposa Begoña Gómez a partir de una denuncia del grupúsculo ultra Manos Limpias basada en bulos sobre ella presentados como presuntas informaciones periodísticas. Más allá de que todo el asunto apesta y parece difícil que pueda tener recorrido alguno, el paso de Sánchez, independientemente de cuál sea su objetivo final –dimitir, cohesionar a la población alrededor de su persona o abrirse la puerta para viajar a Europa en las elecciones de junio–, ha puesto sobre la mesa el deterioro de la democracia española sometida a las estructuras de un Estado oscuro que campa a sus anchas de la mano del PP y de Vox, sus medios y sus jueces afines. La lista de tropelías de la derecha contra los valores de la democracia y los principios y libertades constitucionales es interminable, tanto con Aznar como con Rajoy en el Gobierno y, por supuesto, cada vez que pierden el poder. La derecha liberal está lejos de ser homologable a la de las democracia europeas y sus medios de comunicación también. Siguen obstinados con que el poder les pertenece por otorgación divina o de clase o las dos y solo admiten la democracia como un mal menor y si ganan. No es el Siglo de Oro de la política. No es nuevo lo que ocurre ahora a Sánchez y su mujer. Basta recordar el todo es ETA o el cierre de medios como Egunkaria o Egin o la causa contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Vitoria –Atutxa, Knörr y Kontxi Bilbao–, condenados injustamente también por una denuncia de Manos Limpias en un montaje judicial que tuvo que tumbar la justicia europea. O la persecución mediática y judicial con falsedades y el espionaje a los líderes del catalanismo. O la policía política del PP, las grabaciones de Villarejo o el caso Pegasus. O el acoso mediático, político y judicial contra Podemos.. O la difamación y causa, ambas falsas, contra Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat del País Valeciano que acabó tumbando el Gobierno progresista y dando el poder al PP y Vox. O el caso Altsasu. Y se quedan varios casos más en la memoria seguro. Sin olvidar, claro, la sucesión de decenas de instrucciones judiciales sobre los graves casos de corrupción del PP que han acabado sobreseídas por plazos, pérdida de documentación, destrucción de pruebas, etcétera y todos los implicados han salido de rositas. Todos los casos mantienen el mismo modelo: se apaña un montaje o información falsa, se traslada a un medio con firmas dispuestas a escribir y dar pábulo al bulo y se busca un juez afín que lo apañe. El recorrido de esta estrategia es muy largo además. Los montajes llegan hasta los tribunales de justicia y se extienden artificialmente en el tiempo aunque al final no haya un solo indicio de delito. Y todo este inmenso fracaso democrático del Estado en todos esos ámbitos (mediático, político y judicial) tiene nombres y apellidos que viven a papo rey precisamente por ser los intérpretes de ese papel de bufones del Estado oscuro. No son buenos tiempos para la política, el periodismo y la democracia.
