Estoy convencido de que, aunque los titulares de los periódicos en Navarra hablan estos días sobre todo de la guerra de Ucrania, la corrupción, el transfuguismo, la moción de censura, las elecciones, algunas huelgas y de fútbol, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía tiene que ver con la carestía de la vida, con la disminución del poder adquisitivo de la mayoría de personas, junto con la relacionada con la calidad de la asistencia sanitaria.
El encarecimiento y la inflación se están cebando en productos y servicios indispensables para vivir, como la comida, la energía y los préstamos. Y sí, afecta a todas las personas y a todas las empresas; pero no por igual. Si renta disponible es lo que le queda a una familia después de pagar ese mínimo vital, ¿no es prioritario incluir en la agenda política y mediática que las clases medias y populares –gente que tiene trabajo– está sin renta disponible, o que le queda reducida al mínimo; que hay empresas que ya estaban al límite y necesitan apoyo para seguir adelante? ¿Somos conscientes de que, a la vez que esto sucede, hay otra parte de la sociedad cuya renta disponible ha crecido más, y que hay otras empresas con beneficios históricos? Una sociedad como la navarra, que ha ido construyendo durante decenios una sociedad cada vez más cohesionada, no puede mirar lo que está pasando como las vacas al tren.
El Estado español es actualmente campeón de Europa en aumento de la desigualdad interna y esta brecha ya no afecta sólo a los más pobres, sino que afecta, cada vez más, a las clases medias y trabajadoras, autónomos autoempleados, y jóvenes que ven gripado el ascensor social.
La globalización hizo que muchas empresas optaran por llevar lejos sus fábricas para abaratar los costos de mano de obra, dejando aquí un terreno en barbecho despidiendo, en muchos casos con subvenciones públicas, a trabajadores con empleos bien remunerados y sustituyéndolos por jóvenes con sueldos mileuristas.
Los economistas más prestigiosos del mundo ya venían advirtiendo de la distancia entre los beneficios financieros sobre los productivos, de las transferencias de lo público (de la sociedad) al beneficio privado. De que “el aumento de las desigualdades es, junto al cambio climático, uno de los principales retos a los que el planeta se enfrenta a comienzos del siglo XXI”.
Con estos precedentes, el coronavirus, el encarecimiento de las materias primas, del que nuevamente se benefician los de siempre, y la guerra de Ucrania, utilizada en muchos casos como excusa para aumentar los márgenes empresariales, han vuelto a empobrecer a las clases medias y trabajadoras y a muchos autónomos.
Desde Geroa Bai estamos intentando que las instituciones navarras y españolas puedan mirar a los ojos a la parte central empobrecida de nuestra sociedad, para decirle que son nuestra prioridad para recuperar los niveles de cohesión social de los que nos sentíamos tan orgullosos. Yo mismo llevaba en el Senado dos largos años denunciando la cada vez más enorme brecha de desigualdad entre los ricos y el resto de la ciudadanía, y proponiendo una ponencia de estudio para que entre todos los agentes sociales (partidos, sindicatos, asociaciones empresariales) y expertos analizáramos este grave problema e intentáramos buscar posibles soluciones realistas al mismo. No conseguí el apoyo suficiente hasta que el pasado día 22 el Senado aprobó por mayoría, a iniciativa de Geroa Bai, y con el respaldo de los grupos progresistas, una moción instando al Gobierno central a juntar en una mesa a sindicatos y patronal para poner en marcha un pacto de rentas que contemple también los beneficios empresariales. También se acordó instar al Gobierno a estudiar fórmulas de participación de las y los trabajadores en las decisiones de las empresas y en el accionariado de las mismas.
El acuerdo, calificado por el portavoz del PSOE en el debate como de “paso importante en el sistema de relaciones laborales español”, es fruto de la tenacidad de Geroa Bai que llevamos años insistiendo en la necesidad de un cambio de modelo económico porque el actual no funciona, dado que no sirve para equilibrar las desigualdades. No es justo que las crisis sigan castigando sólo a trabajadores y autónomos, mientras que una minoría se enriquece cada vez más y más.
También logramos, con mucho esfuerzo, porque inicialmente hubo una fuerte oposición en el PSOE y el Gobierno a aceptar la cuestión, que el acuerdo contemple un llamamiento a estudiar fórmulas de participación de las y los trabajadoras en los órganos de dirección de las empresas, en sus decisiones y en su accionariado. La experiencia y todos los estudios realizados al respecto coinciden en que las empresas más avanzadas y competitivas son las que han entendido que la participación de las y los trabajadores es un elemento esencial para un mejor desarrollo de las mismas y responden mejor a las crisis.
Por desgracia, no conseguimos que el Senado instara al Gobierno a promover que las empresas que reparten dividendos entre sus accionistas lo hagan también entre sus trabajadores. Lo que nos demuestra que tenemos un largo camino a recorrer para llevar la democracia también al mundo empresarial. Recorrido al que en Geroa Bai no renunciamos ni abandonamos.
El acuerdo que logramos en el Senado, y que implica también al Gobierno central, es sólo un paso, aunque importante, para intentar solucionar el problema de las desigualdades en el Estado. Estaremos, por tanto, atentos a su cumplimiento y desde Geroa Bai no cejaremos en el empeño de ver cumplido el sueño de que las empresas sean cada vez más democráticas y más justas.
El autor es senador autonómico por Geroa Bai
