Ya se sabe. Los seres humanos somos así. Cuando cerramos un ciclo, miramos atrás, hacemos balance, y, a la vez, preparamos el listado de nuevas intenciones para el ciclo que va a comenzar. Nos ocurre, habitualmente, en septiembre, tras las vacaciones estivales, y, con más razón todavía, los últimos días de diciembre y comienzos de enero.
Finiquitado ya 2023, nos toca encarar 2024, con importantes retos, que no intenciones, si pretendemos, al menos, aportar un granito de arena desde nuestra Comunidad Foral a la salvación del planeta –ya no podemos utilizar palabras más suaves en la lucha contra la emergencia climática– y lograr mayores cuotas de justicia social desde nuestra autonomía económica y fiscal. Hablo de retos, es evidente, fiscales.
Por ello, habrá que agilizar la implantación de nuevas fórmulas de fiscalidad verde, de acuerdo con la premisa establecida desde la propia Unión Europea de que “quien no contamina se beneficia, y quien contamina paga”. La transición ecológica debe conducirnos a seguir implementando normas fiscales que favorezcan un sistema basado en la economía circular, y la creación de energía exclusivamente desde fuentes renovables.
Entendemos en Geroa Bai que la fiscalidad verde radica en aplicar el sistema fiscal como vía de pedagogía social, de concienciación de la ciudadanía con el objetivo de adquirir hábitos que se consideran positivos desde el punto de vista medioambiental. De este modo, esa fiscalidad constituye un elemento de redistribución de la riqueza puesto que atribuye gravámenes más altos a aquellos agentes económicos –sean personas físicas o jurídicas– que generan mayor daño ecológico, persiguiendo de ese modo que repercuta en ellos el coste de sufragar el perjuicio derivado de sus actos. Este tipo de fiscalidad representa un engranaje igualitario, ya que posibilita que los destinatarios de la norma puedan orientar su conducta a la finalidad pretendida en condiciones equitativas.
Hay medidas ya implantadas, desde luego. Pero tenemos muchas otras por analizar y decidir, como el impuesto sobre actividades extractivas mineras, sobre el cambio de uso del suelo, o sobre el impacto medioambiental de la ganadería intensiva –para el caso de las grandes explotaciones–.
Y, desde luego, podemos, desde aquí, desde Navarra, reivindicar el aumento de capacidad normativa en torno a impuestos medioambientales como el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, el especial sobre hidrocarburos, el del valor de la producción de la energía eléctrica, o sobre determinados medios de transporte. Impuestos que gestionamos, pero sobre los cuales no tenemos capacidad legislativa alguna porque en el texto del Convenio Económico con el Estado se reitera en muchos de sus artículos la coletilla de “Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en territorio del Estado” o aquella otra de “sin perjuicio de la legislación básica del estado”. ¿Por búsqueda de uniformidad a nivel estatal? ¿Por falta de confianza desde Madrid en nuestra capacidad no sólo para gestionar sino también para normativizar?
El Convenio constituye la piedra angular de nuestra relación económica con el Estado; de ahí que aboguemos por su continua actualización, con las máximas pretensiones, reivindicando, por ejemplo, el cambio de cuestiones como la consideración de cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral “los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado”, tal y como reza el artículo 54. Porque eso no es solidaridad, sino falta de ambición. Máxime en unos tiempos en los que los tipos de interés están subiendo.
La inflación ha sido una de nuestras grandes preocupaciones a lo largo de los dos últimos años. Y, desgraciadamente, lo seguirá siendo en los próximos. Por el castigo que supone para el bolsillo de la ciudadanía, especialmente de la que cuenta con menos recursos. Y que, además, tiene su lado perverso a través de una mayor recaudación para las arcas de las Haciendas por medio del más importante de los impuestos indirectos, el IVA.
Un melón, el del IVA –en general el de los impuestos indirectos–, que habrá que abrir más pronto que tarde, y que ya han abierto nuestros vecinos guipuzcoanos, pues su Diputación declaraba, recientemente, que abordaba un debate para pedir al Estado que el territorio tenga capacidad de decisión en la gestión del IVA, uno, repito, de los impuestos más importantes. Los mandatarios guipuzcoanos aspiran a poder decidir sobre la determinación de los distintos tipos de IVA.
Creemos que debemos ser, al menos, tan ambiciosos como Gipuzkoa y demandar para nuestra Hacienda navarra esa misma gestión. Desde Geroa Bai, desde luego, plantearemos iniciativas en tal sentido.
Máxime, después de ir conociendo los datos reales de recaudación, mes a mes. Una gestión propia nos habría permitido jugar con ese impuesto en los productos básicos de la cesta de la compra, y aminorar el impacto de sus precios en los bolsillos de la ciudadanía, especialmente de la más desfavorecida.
Sin olvidar, desde luego, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y la reivindicación acerca de nuestro papel en el seno de Europa, en sus instituciones del ámbito económico-financiero, donde Navarra debe tener su propia presencia y voz.
Lo dicho: nuestro grano de arena por el bien del planeta… y de nuestros propios bolsillos a través de mayores cotas de autonomía fiscal.
Fuero y huevo… también para 2024.
El autor es parlamentario de Geroa Bai
