Nuevas viviendas en Pamplona y despoblación

Revisando el Informe sobre la vivienda en Navarra 2022, elaborado por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, podemos comprobar que en el periodo 1994-2022 se han iniciado 133.566 viviendas y se han terminado 120.330 viviendas, de las que son viviendas libres el 68 y el 63 por ciento, respectivamente. Es significativo que únicamente en cinco años de este periodo se hayan terminado más viviendas protegidas que libres y que en los últimos cinco años el porcentaje de viviendas libres suponga el 80 por ciento del total de las terminadas. En esos mismos años la población navarra ha aumentado en 143.000 personas. Es decir, que se han iniciado prácticamente las mismas viviendas que el aumento de la población.

En el mes de octubre se publicaba un artículo basado en las necesidades de vivienda en las diferentes comunidades de la empresa UVE Valoraciones, que sobre la comunidad foral señala: “…cuyos desequilibrios territoriales son de sobra conocidos y obedecen a muchas causas: políticas y de planificación, económicas, pero también históricas y geográficas, ante las que resulta casi imposible actuar con eficacia. De este modo, si en la Comarca de Pamplona faltan 8.541 viviendas, en el resto de Navarra sobran unas 8.400. Muchas de ellas presentan graves carencias de todo tipo”.

Ante estos datos, la realidad nos indica que, tras la crisis que se inició en 2008, el sector se ha recuperado y sigue en la misma onda que antes de la crisis y, mientras tanto, los jóvenes no pueden emanciparse, entre otros motivos por la dificultad de acceder a una vivienda, en compra o alquiler, en condiciones asumibles.

La empresa privada prefiere edificar más vivienda libre que protegida, ya que con un mayor precio obtiene un mayor margen. Pero, ¿cuál ha sido la actividad de la Administración para garantizar un derecho establecido en la Constitución de 1978? El artículo 47 de la Constitución española dispone lo siguiente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Debe señalarse que se configura como principio rector y no como un auténtico derecho constitucional o fundamental. Por lo que como principio rector de la vida económica y social, este derecho a la vivienda requiere un desarrollo legislativo previo para poder ser invocado directamente ante los tribunales.

Por ello, nos debemos preguntar: ¿Cuál debe ser el papel de la Administración, foral y local, ante el problema de la vivienda? ¿Está dando repuesta al mandato constitucional? Dos son las cuestiones prioritarias que debería contemplar:

a) delimitar los terrenos urbanizables, los equipamientos necesarios, las características mínimas de las viviendas, etcétera.

b) Establecer las medidas necesarias para poder dar cumplimiento al principio rector recogido en el artículo 47 de la Constitución.

Podemos decir que el primer gran objetivo, con más o menos burocracia y con más o menos lentitud, se cumple; pero es evidente que no así el segundo. Parece necesario diferenciar dos tipos de mercados para la vivienda: uno para la vivienda libre y otro para conseguir que un principio rector constitucional se convierta, en la práctica, en un derecho para los ciudadanos, ya que estamos tratando de un bien necesario y social. Los esfuerzos de la Administración deben centrarse en este segundo objetivo y no parece que se pueda lograr si el 68 por ciento de las viviendas son de régimen libre.

Por otra parte, es evidente el problema de despoblación que afecta a una gran parte de la geografía foral. Por ello, no extraña que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, en sede parlamentaria, señalara como una prioridad la redacción de un anteproyecto de Ley de Cohesión Territorial para luchar contra la despoblación y favorecer la vertebración de nuestra comunidad. Un trabajo que contará con un importante proceso de participación en todo el territorio.

La despoblación y, por tanto, el desequilibrio territorial, están empezando a considerarse como uno de los grandes retos de la sociedad y, en consecuencia, entra a formar parte de la agenda pública y política. Para mantener nuestros pueblos vivos se necesita que haya trabajo, vivienda y servicios. Pero también que empiece a valorarse la calidad de vida del mundo rural.

Es necesario que esas 8.400 viviendas que, según el estudio anteriormente citado, sobran, salgan al mercado y con normativa más flexible y ajustada a la realidad de las diferentes localidades, así como las aportaciones de las administraciones puedan ser adaptadas a las necesidades actuales. Unas normas que faciliten la rehabilitación de las viviendas, condicionada a su utilización como primera vivienda, en propiedad o alquiler. Hay antecedentes en el fomento de los alojamientos de turismo rural.

Pero si solo se construye en la Comarca de Pamplona estamos obligando a los jóvenes a vivir en el entorno de la capital. Parece contradictorio querer revertir el despoblamiento de la comunidad foral y construir únicamente en la zona más poblada.

Habrá que ser capaces de conjugar los intereses de un sector económico importante, de unas administraciones que obtienen considerables ingresos con la construcción y de la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a unos precios razonables, teniendo en cuenta el actual nivel salarial de la juventud, con que la política de vivienda sea uno de los ejes de la política de cohesión territorial. Quizá sea más fácil lograr la cuadratura del círculo, pero Navarra se juega mucho en este envite.

Necesitamos urgentemente ideas y medidas nuevas e imaginativas.

*El autor es economista